La familia del exmilitar y preso político nicaragüense Aníbal Rivas Reed denunció este viernes que el régimen de Daniel Ortega lo ha condenado a 50 años de prisión tras un proceso viciado, sin garantías legales ni derecho a defensa. La hija del exmilitar, Sadie Rivas, exiliada y vocera de la familia, calificó la sentencia como un acto de “ultraje” contra quienes aman y defienden a Nicaragua.

Según denunció en un comunicado, el juicio fue llevado a cabo en secreto, sin que la defensa ni la familia tuvieran acceso a información clara sobre los supuestos cargos que le imputan. “No se nos ha garantizado el debido proceso. Se trata de una condena política dictada por quienes saquean, violentan y expulsan a nuestra patria”, reclamó.

42 días de desaparición forzada

Rivas Reed permaneció 42 días desaparecido antes de que el régimen permitiera una primera visita familiar. En ese encuentro, sus allegados confirmaron que el exmilitar está recluido en total aislamiento, sin contacto con otros detenidos ni acceso a la luz solar.

“Está en una celda completamente cerrada, en confinamiento solitario, lo cual constituye una forma de tortura según los estándares internacionales de derechos humanos”, denunció su hija.

Aunque su estado físico es estable y ha recibido medicación, la familia advirtió que se trata de tratamientos básicos y no los especializados que requiere su condición médica. “Nos preocupa que la atención médica sea solo superficial, como un intento de maquillar la violación sistemática de sus derechos”, agregó Sadie Rivas.

La maquinaria de represión sigue operando

El caso de Aníbal Rivas Reed pone nuevamente en evidencia el funcionamiento de la maquinaria represiva del régimen Ortega-Murillo: desapariciones forzadas, juicios clandestinos, sentencias desproporcionadas y tratos crueles contra presos políticos. No se trata de un caso aislado, sino de una política sistemática contra cualquier voz crítica, incluso dentro del Ejército o estructuras del poder.

La familia de Rivas exige su liberación inmediata y un pronunciamiento contundente de la comunidad internacional frente a lo que consideran un crimen de Estado. “Nuestro padre está preso por pensar diferente, por negarse a ser cómplice del autoritarismo. Por eso lo castigan, lo quieren quebrar. Pero no vamos a callar”, sentenció su hija.

La represión, en Nicaragua, no solo se vive en las calles o en el exilio. Se encierra en celdas oscuras, se firma en tribunales sin justicia y se alimenta del silencio cómplice de las instituciones.