Un tiktoker de origen chino, conocido en redes sociales como "Ango", vivió de primera mano los límites impuestos a la libertad de expresión en Nicaragua. Tras criticar públicamente la actuación de la Policía Nacional, el creador de contenido habría sido intimidado y presionado por agentes policiales, lo que derivó en una disculpa pública forzada difundida en su cuenta de TikTok.

Según relató el propio Ango en videos publicados inicialmente en redes sociales, el conflicto se originó luego de que denunciara en reiteradas ocasiones a vecinos ruidosos en un barrio de la ciudad de Granada. Aunque la Policía llegó al sector, se retiró sin resolver la situación, lo que generó molestia en el ciudadano extranjero, quien decidió expresar su inconformidad de manera pública.

Advertencia y silencio impuesto

Tras la publicación de los videos críticos, Ango fue advertido por otro creador de contenido asiático residente en Nicaragua, el japonés Toshiharu Yamaki, conocido en redes como “Toshi”, quien le recomendó guardar silencio y le alertó sobre los riesgos de cuestionar a las instituciones sandinistas.

Horas después, Ango difundió un nuevo video en el que se retractó de sus declaraciones y ofreció disculpas a la Policía, en un mensaje que fue interpretado por usuarios y analistas como resultado de presión directa y no de una rectificación voluntaria.

Inversión extranjera bajo control político

Ango es propietario del restaurante de comida china "Dos Pandas", un negocio que promociona activamente a través de sus redes sociales y que forma parte del creciente número de emprendimientos de capital chino establecidos en Nicaragua.

En los últimos años, la dictadura sandinista ha impulsado beneficios fiscales y regulatorios para empresas de origen chino, en el marco de su alianza política y económica con Pekín. Sin embargo, estos incentivos parecen estar condicionados al silencio político y a la obediencia pública.

Un mensaje que va más allá de un caso aislado

El episodio evidencia que la intimidación y la censura no distinguen nacionalidad. En Nicaragua, incluso ciudadanos extranjeros con inversiones económicas pueden ser silenciados si cuestionan públicamente a las instituciones al servicio del régimen Ortega-Murillo.

Para la ciudadanía en general, el mensaje es claro: criticar a la Policía o a cualquier órgano del Estado puede tener consecuencias inmediatas, desde advertencias veladas hasta retractaciones públicas forzadas, en un contexto donde la libertad de expresión continúa severamente restringida.