La dictadura Ortega Murillo continúa imponiendo su control sobre el sistema judicial del país. Las reformas a la Ley de Carrera Judicial para alinear con la constitución “chamuca” tienen varias consecuencias negativas, incluyendo la reducción del poder de la Corte Suprema de Justicia.

La pareja de dictadores enviaron a la Asamblea Nacional la nueva iniciativa de Ley de Carrera Judicial, bajo el argumento de que la vigente Ley No. 501, aprobada en 2005, no está alineada con las reformas constitucionales impulsadas por el régimen el año pasado.

La nueva Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, controlada por el régimen. Según la dictadura busca centralizar y ampliar el poder del Consejo, que también funge como administrador financiero y de personal del sistema judicial.

Pero expertos en la materia consideran que las reformas a la Ley promueven una desregulación de la carrera judicial, se eliminan los mecanismos de transparencia y protección de los funcionarios judiciales. Desestabilizando el Poder Judicial y eliminando totalmente la independencia de la justicia.

La nueva ley fortalece las atribuciones de un "superconsejo" nombrado por el gobierno, reduciendo el poder de la Corte Suprema en asuntos administrativos y financieros, y la capacidad de la Corte para nombrar y destituir magistrados y jueces.

Dictadura nombrara funcionarios a su gusto y antojo

La nueva ley elimina los requisitos de formación profesional y experiencia para ingresar a la carrera judicial, lo que permitiría que personas sin experiencia judicial puedan acceder a cargos de jueces y magistrados, lo que amenaza la calidad y la integridad del sistema judicial.

“Esta nueva ley, elimina los esfuerzos de formación profesional al permitir que, prácticamente, cualquier persona pueda acceder a los cargos de jueces, magistrados y cualquier otro cargo de la Carrera Judicial. Explico en una entrevista al medio Confidencial, el abogado y activista político Juan Diego Barberena.

Al reducir el poder de la Corte Suprema y permitir que funcionarios no judiciales controlen la carrera judicial, la reforma amenaza la independencia de la justicia, ya que abre la puerta a la injerencia política en el sistema judicial. Una práctica de facto que ya realiza el régimen, con juicios y sentencias irregulares hacia opositores.

La Ley de Carrera Judicial en Nicaragua tiene debilita totalmente la independencia judicial y aumentar el control del gobierno sobre el Poder Judicial, lo que tiene consecuencias negativas para la calidad de la justicia, la transparencia y la protección de los funcionarios judiciales.