Las cifras de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan en aumento, situación que causa alarma entre el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, quienes contabilizan a 47 reos de conciencia.

Entre el 15 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, el Mecanismo denunció que la represión estatal se ha agravado en Nicaragua y que de los 47 reos de conciencia, 40 son hombres y 7 son mujeres, quienes se enfrentan a condiciones carcelarias denigrantes.

El organismo defensor de derechos humanos, avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen en Nicaragua y que fueron reprimidas a balazos por la Policía y paramilitares, a la fecha la dictadura ha detenidas 1452 personas con fines políticos.

Limbo jurídico

El informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua denunció que de los 47 presos políticos que se encuentran en distintos centros penitenciarios, 34 de ellos ya fueron condenados y 13 continúan sin recibir una condena.

Esta situación causa extrema preocupación entre los organismos nacionales defensores de derechos humanos, quienes han denunciado en reiteradas ocasiones que los juicios contra los presos políticos no son apegados a derecho.

La organización también anotó que la cifra de presos políticos es mayor en comparación con años anteriores y advierten que la cantidad de personas presas por fines políticos podría ser mayor, porque a causa de la represión y la falta de información por parte del régimen es difícil recopilar datos en el terreno.

En su informe, el Mecanismo también denunció que al menos 12 de los 47 presos políticos se encuentran en condición de “desaparición forzosa” debido a que la Policía y autoridades de los sistemas penitenciarios han negado información a los familiares sobre el paradero de los detenidos a quienes se les viola el derecho a recibir visitas familiares a como ordena la ley.

“12 personas se encuentran desaparecidas por ocultamiento de paradero y negación de visitas. Destaca el caso del diputado indígena Brooklyn Rivera, quien lleva más de 400 días desaparecido bajo la responsabilidad del Estado sin que su familia reciba información sobre su paradero o estado de salud”, denunció el organismo.

El documento también destaca las pésimas condiciones de cárcel de los presos políticos, a quienes se les niega acceso al agua potable, se les brinda una mala alimentación y sufre la negación de medicinas, arbitrariedades que aún persisten, lo que agrava el estado de salud de los reos.

“Se ha documentado alimentación deficiente, suministro de agua en condiciones insalubres y falta de atención médica adecuada. Personas con enfermedades crónicas, como diabetes, no reciben el tratamiento necesario, mientras que la negligencia médica deliberada está causando daños irreversibles a la salud de los reclusos”, denunció el Mecanismo.

Aumenta la persecución religiosa y las leyes represivas

La organización también denunció que en los últimos meses, la persecución religiosa ha incrementado en Nicaragua, al igual que la aprobación de leyes represivas, situación que se ha agravado con la expulsión de las monjitas de la clarisas, a quienes la dictadura confiscó sus monasterios. Las procesiones criminalizadas en Nicaragua.

“En enero, la Asamblea Nacional aprobó reformas que consolidan el poder del régimen, incluyendo la designación Daniel Ortega y Rosario Murillo como "copresidentes" y la creación de la Policía Voluntaria", una fuerza de 1,400 civiles enmascarados que genera preocupación por su potencial uso como grupo paramilitar”, finaliza el documento.