Su tiempo también llegará: Giménez advierte que faltan más por responder ante la justicia
El congresista republicano respaldó los nuevos cargos contra Maduro y Flores y advirtió que aún hay más responsables por responder ante la justicia.
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DaríoMedios Internacional
10/9/20265 min read
La Fiscalía federal de Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por presunta conspiración para cometer tortura, en una acusación que describe graves abusos contra detenidos y atribuye al círculo de poder venezolano la utilización de la violencia como instrumento de control político.
El documento judicial detalla presuntos episodios de agresiones físicas, descargas eléctricas en los genitales, asfixia, simulacros de ahogamiento, violencia sexual y amenazas contra familiares de los detenidos. Entre las personas que habrían sufrido abusos figuran militares, opositores y ciudadanos estadounidenses.
Según los fiscales, los hechos no habrían sido incidentes aislados, sino parte de un patrón de violencia dirigido a castigar la disidencia, obtener confesiones y someter a quienes eran considerados una amenaza para el poder.
La acusación también señala presuntas intervenciones de Maduro en decisiones relacionadas con los detenidos y atribuye a Flores participación en conversaciones sobre acciones contra militares. Estas imputaciones deberán ser examinadas y probadas ante los tribunales.
Violencia sexual y golpizas: uno de los casos descritos
Entre los episodios incluidos en la acusación figura el de un funcionario policial al que, en 2010, supuestamente señalaron por deslealtad y por la desaparición de un cargamento de drogas.
De acuerdo con los fiscales, el hombre fue atado, golpeado con una pala y con las culatas de armas, además de recibir patadas en los genitales. La acusación sostiene que también sufrió una agresión sexual con un palo de escoba y que recibió un disparo en una pierna.
El caso forma parte de los antecedentes que la Fiscalía presenta para sostener sus señalamientos sobre el uso de la tortura contra personas consideradas sospechosas de desobediencia o de desafiar a integrantes del aparato de poder.
Simulacros de ahogamiento y descargas eléctricas
Otro de los testimonios recogidos en el documento se refiere a un oficial militar que habría sido secuestrado en 2013 y sometido a interrogatorios violentos por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
La acusación describe descargas eléctricas aplicadas después de mojarle la espalda, suspensión del cuerpo hasta perder el conocimiento y reiterados simulacros de ahogamiento. Según el relato de los fiscales, el detenido habría soportado decenas de estos simulacros y múltiples descargas eléctricas.
Los agentes también habrían amenazado con hacer daño a su hija para obligarlo a colaborar. La Fiscalía sostiene que Maduro pidió un video de una confesión obtenida bajo coacción.
La acusación señala una presunta intervención de Cilia Flores
El documento también describe una conversación que habría tenido lugar en 2014, en la que Maduro supuestamente planteó secuestrar a varios oficiales militares para torturarlos y obtener información.
Según los fiscales, Cilia Flores habría respaldado esa propuesta y rechazado una alternativa relacionada con infiltrar a los militares. La acusación vincula posteriormente esa conversación con presuntos secuestros de oficiales.
Se trata de señalamientos incluidos en el expediente federal, cuya veracidad y alcance deberán establecerse durante el proceso judicial.
«Apriéntenlos más fuerte»: órdenes atribuidas a Maduro
La Fiscalía sostiene que Maduro habría recibido informes sobre interrogatorios y preguntado qué medidas podían utilizarse para conseguir que los detenidos hablaran.
Entre las prácticas mencionadas figuran la privación del sueño y del agua, además de otros métodos de presión física y psicológica. Los fiscales también afirman que, en algunas ocasiones, Maduro habría reaccionado con burlas ante relatos sobre los abusos.
Estas alegaciones buscan establecer si existió una conexión entre los responsables directos de las torturas y las máximas esferas del poder venezolano.
Familiares de una jueza también habrían sufrido represalias
Otro episodio se remonta a 2022 y está relacionado con una jueza que se habría resistido a cumplir una orden para bloquear candidaturas opositoras.
Según la acusación, familiares de la funcionaria fueron detenidos y sometidos a torturas por agentes de la DGCIM. Los fiscales también señalan que Maduro habría exigido obediencia judicial y ofrecido un incentivo económico mensual para asegurar el cumplimiento de sus instrucciones.
El caso expone, de acuerdo con la versión de la Fiscalía, cómo la presión contra familiares habría sido utilizada para intimidar a funcionarios que se negaban a acatar determinadas decisiones.
Asfixia, desnudez forzada y descargas eléctricas
La acusación recoge otros presuntos abusos contra militares detenidos. En uno de los casos, ocurrido en 2017, un hombre habría sido sometido a asfixia con una bolsa, golpes, exposición a agua fría y maniobras que simulaban el desmembramiento de sus extremidades.
En otro episodio, un detenido habría recibido golpes en el rostro y el abdomen, además de agresiones dirigidas a sus genitales y ojos.
El documento también describe presuntas descargas eléctricas en los testículos y las rodillas de un detenido después de un incidente con drones en 2018. La Fiscalía sostiene que los agentes lo asfixiaron con una bolsa y lo golpearon mientras registraban parte de los abusos.
Otro hombre detenido ese mismo año murió bajo custodia después de varios días. Según el expediente, había sido sometido a torturas y las autoridades comunicaron posteriormente que se había caído desde el décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Un ciudadano estadounidense habría sufrido golpizas
Entre los casos señalados figura el de un ciudadano estadounidense detenido en enero de 2025, cuando los agentes buscaban a otra persona.
La Fiscalía sostiene que fue golpeado reiteradamente en la cabeza, el rostro y el abdomen durante dos días, con agresiones que se habrían repetido aproximadamente cada media hora. El hombre habría quedado con una lesión permanente en un ojo.
Según el documento, fue liberado en enero de 2026 y recibió amenazas para que no denunciara los abusos que aseguraba haber sufrido.
La inclusión de este caso amplía el alcance de las acusaciones, que no se limitan a opositores venezolanos y también abarcan presuntas agresiones contra ciudadanos de Estados Unidos.
Carlos Giménez exige justicia y advierte que faltan más responsables
Tras conocerse los nuevos cargos, el congresista republicano Carlos A. Giménez expresó su respaldo a las acciones del Departamento de Justicia estadounidense y reclamó que se haga justicia para las víctimas.
«¡Justicia para las víctimas del régimen criminal de Maduro!», escribió Giménez en su cuenta de X, al referirse a los nuevos cargos federales contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer tortura, incluidos abusos contra ciudadanos estadounidenses.
El legislador afirmó que «décadas de torturas, narcotráfico y terror no quedarán impunes» y felicitó al Departamento de Justicia por continuar la búsqueda de justicia para quienes habrían sufrido estos abusos.
Giménez también advirtió que el proceso no debería terminar con los actuales acusados. «Y todavía faltan muchos por rendir cuentas ante la justicia. ¡Su tiempo también llegará!», escribió.
Su declaración sitúa los nuevos cargos dentro de un reclamo más amplio de rendición de cuentas por los presuntos crímenes atribuidos al aparato de poder venezolano.
Nuevos cargos en una causa federal
Los nuevos señalamientos se suman a otros cargos federales que Maduro enfrenta en Estados Unidos, relacionados con presuntas conspiraciones de narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos vinculados con armas. Flores también aparece incluida en la nueva acusación.
La incorporación del cargo de conspiración para cometer tortura pone el foco en presuntos abusos contra detenidos y en la posible responsabilidad de quienes habrían ordenado, autorizado o conocido esas prácticas.
Por ahora, se trata de acusaciones de la Fiscalía, no de una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de Maduro y Flores tendrá que determinarse en los tribunales.
El caso, sin embargo, abre un nuevo frente judicial para ambos y refuerza el reclamo de las víctimas y de legisladores estadounidenses para que los presuntos responsables de torturas y otros abusos comparezcan ante la justicia.
