El presidente Rodrigo Chaves continúa guardando silencio sobre el asesinato del exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, quien fue ejecutado por un sicario dentro de su residencia en Moravia, San José, el pasado jueves 19 de junio. A pesar de la gravedad del hecho y sus implicaciones diplomáticas y de seguridad nacional, el mandatario ha evitado referirse públicamente al crimen, incluso durante su comparecencia más reciente ante los medios.

La omisión fue evidente durante la visita oficial de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, cuando Chaves se limitó a hablar sobre exportaciones, delincuencia juvenil, seguridad portuaria y precios del arroz, pero no mencionó el asesinato del opositor al régimen Ortega-Murillo, quien se encontraba refugiado en Costa Rica desde 2018 y había adquirido ciudadanía española tras ser desnacionalizado por la dictadura.

Este silencio contrasta con la creciente alarma en el Congreso costarricense, donde diputados de oposición han calificado el crimen como una “violación a la soberanía” y han exigido respuestas concretas sobre la posible presencia de redes criminales vinculadas al régimen nicaragüense operando impunemente en suelo costarricense.

Diputados advierten de violación a la soberanía por operación de células orteguistas

La reacción política también resalta una contradicción significativa, años atrás, el presidente Chaves había descartado que existieran células delincuenciales nicaragüenses en Costa Rica, minimizando denuncias de vigilancia y amenazas contra exiliados. Sin embargo, los hechos recientes , incluyendo dos atentados previos contra el activista Joao Maldonado, debilitan ese discurso.

“La ejecución de Samcam no es un hecho aislado”, afirmó el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista. “Nos tiene que llamar a una profunda reflexión. No podemos permitir que en nuestro país operen impunemente grupos criminales afines a la dictadura de Daniel Ortega. Somos un Estado soberano”.

Feinzaig también denunció la falta de investigación sobre la posible infiltración de agentes del régimen orteguista en Costa Rica: “No conocemos ninguna indagación seria sobre si hay agentes de inteligencia, militares o policiales de Nicaragua operando aquí, persiguiendo refugiados. No basta con capturar al gatillero. Hay que saber quién dio la orden”.

La diputada Priscilla Salazar, del Frente Amplio, instó a usar todos los recursos disponibles para llegar no solo al autor material, sino también al intelectual del crimen, mientras que su colega Ariel Robles advirtió: “Lo que ha sucedido con don Roberto Samcam es una acción ejemplificante de un régimen autoritario. No puede ser que en Costa Rica pase esto. No puede ser que en Costa Rica se guarde silencio ante esto”.

Por su parte, el diputado oficialista Daniel Vargas Quirós señaló que el país acoge a más de 224,000 solicitantes de refugio, incluyendo cerca de 10,000 nicaragüenses, y sugirió que el Estado no tiene capacidad para brindar seguridad individual a todos.

Parlamento pide conocer denuncias de Samcam antes de su muerte

En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó una moción para que la Comisión de Derechos Humanos convoque al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), con el fin de rendir cuentas sobre las advertencias que Samcam habría hecho antes de su asesinato.

La expresidenta Laura Chinchilla y el Departamento de Estado de Estados Unidos ya han calificado el crimen como un asesinato político, exigiendo una investigación profunda que aclare si, efectivamente, se está permitiendo la operación de una red de represión transnacional en territorio costarricense.

Mientras tanto, la sociedad civil y la comunidad nicaragüense en el exilio aguardan una respuesta clara del gobierno tico. La pregunta sigue en el aire: ¿seguirá el presidente Chaves ignorando lo que sucede frente a sus ojos?