La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo atraviesa días de fuerte presión internacional. Las declaraciones de funcionarios estadounidenses, sumadas a acciones concretas como la cancelación de visas y nuevas restricciones migratorias, han tensado aún más el ambiente político del país y golpeado directamente a sectores económicos vinculados al sandinismo.

Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, confirmó la revocación de visas a empresarios turísticos, ejecutivos y operadores que habrían facilitado la inmigración ilegal hacia Estados Unidos utilizando a Nicaragua como ruta de paso.

Pigott aseguró públicamente que Washington no tolerará a quienes se lucran de estas redes y recordó que las medidas se aplican bajo la Ley de Inmigración estadounidense. Su mensaje, difundido a través de su cuenta en X, dejó claro que el país está decidido a desmantelar el sistema de beneficios que, según Washington, ha permitido operaciones de tráfico de personas bajo el amparo del régimen.

“Un régimen asesino”: la denuncia frontal desde el Congreso estadounidense

A las declaraciones del Departamento de Estado se sumó el congresista Carlos Antonio Gimenez, representante en la Cámara de Representantes de EE. UU. Gimenez calificó a la dictadura de Ortega como un “régimen asesino” y exigió que enfrente las consecuencias de sus violaciones sistemáticas a derechos humanos y abusos de poder.

Su pronunciamiento, también publicado en X, vuelve a colocar al régimen sandinista en la mira del Congreso, presionando para que se apliquen sanciones más severas y directas contra el aparato político y económico que sostiene al oficialismo.

Ortega y Murillo, cada vez más aislados

Las publicaciones de funcionarios estadounidenses refuerzan la imagen internacional de un régimen desacreditado y señalado por: la represión violenta de opositores, los encarcelamientos arbitrarios, la eliminación de libertades civiles y políticas, el cierre de medios de comunicación, y la persecución extraterritorial de disidentes.

Estos señalamientos, provenientes de instancias diplomáticas y legislativas de alto nivel, buscan visibilizar la gravedad de la crisis nicaragüense y mantenerla en la agenda internacional.

Aumenta presión por un golpe económico decisivo

Las declaraciones también alimentan el debate sobre la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR), una decisión que representaría uno de los golpes económicos más devastadores para el régimen.

De concretarse, la exclusión afectaría gravemente al sector de zona franca, las exportaciones agroindustriales y la estabilidad financiera del país, reduciendo drásticamente la entrada de divisas y aumentando el desempleo.

Las señales desde Washington apuntan hacia una estrategia de presión escalonada: castigos migratorios, sanciones individuales y ahora la amenaza de retirar beneficios comerciales. Todo indica que Estados Unidos busca obligar al régimen a asumir responsabilidades por sus crímenes y por la desestabilización regional.

Un mensaje claro desde Washington

Las acciones y pronunciamientos recientes confirman que Estados Unidos ha adoptado una línea más dura frente al autoritarismo sandinista.

Washington dejó claro que Nicaragua permanece bajo un escrutinio permanente y que cada violación a los derechos humanos, a la legalidad internacional o a la seguridad regional tendrá consecuencias concretas. Las señales no son simbólicas: son advertencias directas de que la presión seguirá aumentando y que el régimen no podrá eludir la responsabilidad por sus actos.