La Procuradora General de la República, Ana Julia Guido, una de las funcionarias más longevas y cercanas a Daniel Ortega, está a punto de ser removida de su cargo, según confirmaron fuentes cercanas al régimen. El movimiento, impulsado directamente por la codictadora Rosario Murillo, coincide con la desaparición de la Procuraduría General de la República, institución que será absorbida por la recién creada Procuraduría General de Justicia.

El relevo marca un ajuste de poder dentro del círculo gobernante, donde Murillo fortalece su influencia al apartar a figuras que, pese a su lealtad a Ortega, no forman parte de su núcleo de confianza. Guido, de 66 años, será sustituida por Wendy Morales, una funcionaria más joven y considerada plenamente afín a Murillo, quien ha ascendido rápidamente dentro de la estructura estatal.

Morales, en una reciente entrevista con medios oficialistas, defendió la creación de la “superprocuraduría” asegurando que su objetivo será “combatir la corrupción”. Sin embargo, críticos del régimen interpretan la reforma como un mecanismo para centralizar aún más el poder judicial bajo control de la pareja dictatorial.

Cómplice de violaciones a los derechos humanos

Ana Julia Guido, exguerrillera con un historial que incluye asaltos bancarios en la década de 1970, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la represión contra manifestantes y la persecución de opositores políticos. Las acusaciones internacionales la señalan como cómplice de violaciones a los derechos humanos y del desmantelamiento de la democracia en Nicaragua.

Su salida la suma a la lista creciente de funcionarios sandinistas que han caído en desgracia, víctimas de las luchas internas por el control del poder. Guido, quien en 1974 participó en el robo a una agencia del Banco Nacional de Nicaragua en Abisinia, Jinotega, intentó en el pasado dirigir la Policía Nacional, sin éxito, y fue apartada durante el gobierno de Enrique Bolaños. Ortega la reactivó políticamente en 2007, pero ahora, con el dominio político de Murillo, la antigua protección presidencial ya no le garantiza su permanencia en el poder.

La inminente remoción de Guido marca el fin de su trayectoria en la cúpula gubernamental y su retorno al ostracismo político, cargando con una reputación manchada por su papel en la represión estatal y su fidelidad a un régimen que ahora la descarta.