La dictadora Rosario Murillo ejecutó una nueva purga en el sector económico del régimen, apartando de forma abrupta al ministro de Hacienda, Bruno Gallardo Palavichini, y designando en su lugar a Óscar Mojica Aguirre, hijo del general retirado y sancionado Óscar Mojica.

La salida de Gallardo marca el fin de una gestión breve y opaca. Maestro normalista de origen, fue viceministro de Hacienda desde 2021 y asumió la titularidad tras la imposición de sanciones internacionales contra sus predecesores Iván Acosta y José Adrián Chavarría.

Según fuentes internas, su papel fue el de servir como prestanombre para mantener operativa la firma de convenios y el acceso a préstamos de organismos multilaterales, pese al creciente aislamiento del régimen. Sin embargo, su destitución revela la fragilidad interna de las estructuras de poder y la desconfianza que Murillo mantiene incluso hacia sus propios cuadros.

El ascenso de un leal del círculo íntimo

El nombramiento de Óscar Mojica Aguirre no es fortuito. Se trata de una figura con antecedentes cuestionados en el ámbito financiero y de absoluta confianza para la pareja gobernante. El opositor Juan Sebastián Chamorro recordó que el nuevo ministro fue gerente de crédito del Banco Banker, sancionado por Estados Unidos en 2019, y que además ha estado vinculado a Caruna y Credicop, entidades señaladas de servir como engranajes financieros del sandinismo para el manejo opaco de fondos públicos y privados.

La llegada de Mojica Aguirre es interpretada como un movimiento de Rosario Murillo para atrincherarse aún más en su círculo familiar y de lealtades incondicionales, colocando fichas que garanticen control total sobre las finanzas en medio del asedio internacional.

El episodio forma parte de una estrategia más amplia: revisar historiales, investigar trayectorias y medir lealtades para luego designar o descartar. Las purgas en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda muestran que el régimen Ortega-Murillo no confía en nadie fuera de su núcleo más estrecho y que, en medio de su crisis de legitimidad, cada decisión apunta a blindar el poder y asegurar el control de los recursos económicos del Estado.