Un nuevo blanco del ensañamiento represivo

La dictadura Ortega-Murillo intensificó su persecución contra líderes religiosos al cargar públicamente contra el pastor evangélico Rudy Palacios, líder de la iglesia “La Roca”, en Jinotepe, a quien ahora presenta como un supuesto “criminal” y “terrorista”, pese a que durante años fue conocido por predicar mensajes de paz y acompañamiento comunitario.

Por primera vez, el régimen admitió de forma explícita que mantiene preso y condenado al pastor y a varios de sus familiares, rompiendo el silencio oficial que rodea a decenas de detenidos por razones políticas en Nicaragua.

Detención arbitraria y desaparición forzada

El pastor Rudy Palacios, junto a miembros de su familia y feligreses, fue detenido el 17 de julio de 2025 durante un operativo ejecutado por la Policía Orteguista. Desde entonces, permanecen incomunicados, sin acceso a abogados independientes y con información limitada sobre su estado físico y legal.

Organismos de derechos humanos han advertido que el caso reúne elementos de desaparición forzada, al negarse el Estado a informar con claridad el lugar de reclusión, las condiciones de detención y los cargos formales durante semanas.

Acusaciones graves sin pruebas públicas

En un comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia negó que Palacios sea pastor y lo señaló como parte de supuestas “organizaciones extremistas”, acusándolo de terrorismo, estafa, conspiración y traición a la patria, delitos comúnmente utilizados por el régimen para justificar la prisión de opositores.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la dictadura no ha presentado pruebas, no ha hecho públicas las sentencias ni ha permitido observación independiente de los procesos judiciales, que se desarrollan a puertas cerradas y bajo control de jueces afines al oficialismo.

Salud deteriorada y preocupación internacional

El caso ha generado alarma internacional, especialmente porque el pastor Rudy Palacios y uno de sus familiares encarcelados son sobrevivientes de cáncer y requieren atención médica especializada. Hasta ahora, el régimen no ha confirmado si reciben tratamiento adecuado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de cinco miembros de la familia Palacios, al considerar que enfrentan un riesgo grave e irreparable debido a su detención arbitraria y al hermetismo estatal.

Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió la liberación inmediata del pastor y de sus familiares, señalando que fueron arrestados por denunciar la represión y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

Criminalizar la fe como estrategia de control

Analistas coinciden en que el caso del pastor Rudy Palacios marca un punto de inflexión en la persecución religiosa en Nicaragua. Al etiquetar a un líder evangélico como “terrorista”, el régimen busca deslegitimar su autoridad moral, enviar un mensaje de castigo ejemplar y disuadir a otras iglesias de pronunciarse críticamente.

Esta estrategia se suma a la cancelación de personerías jurídicas de organizaciones religiosas, el cierre de templos, el exilio forzado de sacerdotes y pastores, y las restricciones al ingreso de Biblias, configurando un patrón sistemático de represión contra la fe no alineada al poder.

El ensañamiento del régimen Ortega-Murillo contra el pastor Rudy Palacios confirma que en Nicaragua predicar puede convertirse en delito cuando la fe incomoda al poder. Mientras el Estado insiste en criminalizar a líderes religiosos críticos, crece la presión internacional para exigir verdad, garantías y la liberación de quienes hoy permanecen encarcelados por ejercer su derecho a la conciencia y a la palabra.