El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una nueva jornada de represión que ha sembrado el terror en distintos departamentos del país. Según testimonios de vecinos y reportes de organizaciones de derechos humanos, en los últimos tres días se han realizado redadas violentas y detenciones arbitrarias que han generado un clima de miedo e incertidumbre.

Los operativos, ejecutados principalmente en Carazo, Rivas y Managua, siguen un patrón recurrente: en la madrugada, agentes de la Policía y fuerzas parapoliciales irrumpen sin orden judicial en las viviendas, destruyen puertas, roban dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, y se llevan a las personas a destinos desconocidos.

La organización Monitoreo Azul y Blanco denunció que estas redadas son parte de un patrón represivo que se ha intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con la purga interna en el círculo de poder de Murillo.

Caso en Jinotepe tras confiscación del colegio San José

En Jinotepe, Carazo, se reportaron al menos tres arrestos recientes tras la confiscación del colegio San José, una institución católica que Rosario Murillo ha señalado como supuesto “centro de terrorismo” desde las protestas de 2018. La ciudad permaneció bajo fuerte despliegue policial y con varias zonas acordonadas por horas.

Familiares de los detenidos denunciaron que, al intentar buscar información, la Policía les negó cualquier dato sobre su paradero, lo que incrementa la sensación de desapariciones forzadas y la vulneración de derechos básicos.

Informe revela escalada represiva

El informe de julio 2025 sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua ya había registrado 64 incidentes represivos, entre ellos 23 detenciones arbitrarias, 10 desapariciones por ocultamiento de paradero y 16 casos de represión migratoria. El documento advierte que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor debido al miedo a denunciar.

Asimismo, organizaciones humanitarias alertan sobre la falta de atención médica para presos políticos, lo que agrava aún más la crisis de derechos humanos en el país.

Analistas y defensores coinciden en que esta nueva ola de arrestos masivos es una estrategia del régimen para intimidar a la población y sofocar cualquier expresión de disidencia, mientras Murillo consolida lealtades dentro de su propio círculo tras los recientes movimientos internos de poder.