La ofensiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica sumó un nuevo capítulo con la confiscación del histórico Colegio San José en Jinotepe, administrado durante décadas por la congregación Hermanas Josefinas. Además del despojo, las autoridades ordenaron la expulsión inmediata del país de las religiosas, profundizando la hostilidad estatal contra instituciones educativas vinculadas a la fe católica.

Padres de familia confirmaron que el personal del centro educativo ya recibió sus prestaciones sociales como liquidación, lo que ratifica el cierre de la administración religiosa. Se espera que en los próximos días las instalaciones sean entregadas formalmente a funcionarios sandinistas.

El régimen ha dispuesto que el colegio sea rebautizado como “Bismar Martínez”, en memoria de un individuo que, según la versión oficial, murió el 29 de junio de 2018 en las cercanías del plantel durante las protestas sociales de ese año.

Un patrón sistemático de persecución y despojo

La confiscación del Colegio San José no es un hecho aislado. Desde 2018, el régimen sandinista ha intensificado una campaña de represión contra la Iglesia Católica, cerrando medios de comunicación religiosos, encarcelando sacerdotes y obispos, y expulsando a congregaciones enteras. En paralelo, ha ejecutado un masivo proceso de confiscaciones de propiedades pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, universidades privadas, ONG y órdenes religiosas.

Estas acciones suelen ampararse en leyes como la de Agentes Extranjeros o la de Regulación de Organismos sin Fines de Lucro, utilizadas como instrumentos legales para justificar el despojo. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos han denunciado que se trata de medidas arbitrarias cuyo verdadero objetivo es eliminar cualquier espacio independiente del control estatal.

2025: un año de continuidad represiva

La arremetida contra las Hermanas Josefinas evidencia que el 2025 se perfila como otro año de continuidad represiva, en el que la dictadura continúa capitalizándose con propiedades confiscadas. Observadores señalan que estas acciones no solo buscan reforzar el control económico y político del régimen, sino también enviar un mensaje de intimidación a cualquier sector que intente desafiar su autoridad.

Con este nuevo golpe, el régimen Ortega-Murillo reitera que la educación, la fe y la organización comunitaria no están exentas de su política de control total, dejando a la comunidad de Jinotepe y a cientos de familias sin un referente educativo con más de medio siglo de historia.