El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó esta semana la confiscación de la clínica previsional Asistencia Médica de Occidente S.A. (AMOCSA), una institución médica privada con más de 20 años de trayectoria en los departamentos de León y Chinandega, dejando a centenares de asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) sin cobertura estable y a más de 500 trabajadores en el desempleo inmediato.

Tras el cierre abrupto de sus hospitales y centros médicos en León, Chinandega, Corinto y Chichigalpa, el régimen anunció que todos los asegurados de AMOCSA pasarán a ser atendidos por SERMESA, el sistema de salud privado controlado por el gobierno, ampliamente criticado por usuarios por su mala calidad de atención, tiempos de espera prolongados, falta de medicamentos e irregularidades en el trato a pacientes.

Cierre arbitrario y despidos masivos

Una fuente interna de la clínica, que pidió anonimato por temor a represalias, confirmó que los quirófanos fueron cerrados desde el lunes pasado, varias cirugías canceladas y los pacientes abandonados en manos de médicos que desconocían sus historiales. La misma fuente detalló que las instalaciones fueron tomadas sin notificación oficial y sin oportunidad de defensa para la empresa, que hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas.

La medida afectó a médicos, enfermeros, administrativos y personal de mantenimiento, muchos de los cuales ya habían sido excluidos del sistema público de salud por no participar en actividades políticas del oficialismo. Ahora enfrentan una nueva ola de desempleo sin claridad sobre sus liquidaciones ni su futuro laboral.

Represalia política y presión a médicos

Analistas independientes coinciden en que la confiscación tiene un trasfondo político. AMOCSA fue la única previsional que atendió a heridos durante las protestas antigubernamentales de 2018, lo que habría provocado el resentimiento del régimen. Pero además, consideran que el cierre obedece a una estrategia para forzar a médicos privados a integrarse al sistema público, ante el creciente déficit de especialistas en los hospitales estatales.

“Muchos médicos prefieren migrar o trabajar en clínicas privadas. El régimen quiere reducir esa fuga obligándolos a prestar servicios en condiciones que ellos controlan, ya sea en el sistema público o en centros como SERMESA, donde también se reportan condiciones laborales precarias”, explicó un analista político consultado bajo anonimato.

Colapso del sistema previsional

Con el cierre de AMOCSA, miles de asegurados han sido redirigidos a centros como la clínica San Vicente de Paul, en Chinandega, la cual ya se encuentra sobrecargada e incapaz de absorber la nueva demanda, según relataron pacientes y personal médico.

La clínica confiscada también brindaba atención en seguridad ocupacional, una rama clave para trabajadores expuestos a riesgos laborales. Ahora, el destino de esos pacientes es incierto, y la responsabilidad queda en manos de un sistema de salud altamente cuestionado, tanto en su rama pública como privada.

Para muchos, este nuevo golpe del régimen no solo representa un ataque a la empresa privada, sino una amenaza directa a los derechos de salud, empleo y seguridad social de miles de nicaragüenses.