La nueva fachada de la Parroquia Divina Misericordia no puede ocultar el terror vivido durante el ataque armado del 13 de julio de 2018, que dejó dos jóvenes muertos y más de una decena de heridos mientras estudiantes huían de la represión armada, impuesta por Ortega y Murillo.

La Parroquia Divina Misericordia, ubicada en el corazón de Managua, resplandece hoy con una fachada restaurada. Sin embargo, bajo esa capa de pintura nueva persisten las huellas del horror vivido el 13 de julio de 2018, cuando el templo fue convertido en refugio y luego en blanco de un ataque armado perpetrado por policías y paramilitares del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Durante más de 18 horas, más de un centenar de estudiantes que huían de la masacre en la UNAN-Managua resistieron el asedio dentro del templo. Las balas atravesaron paredes, vitrales, bancas y hasta el cuadro del Cristo de la Divina Misericordia, perforado por tres disparos. En ese ataque fueron asesinados los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Javier Reyes, y al menos una decena resultaron heridos, según documentaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Hoy, la restauración terminada en julio de 2025 bajo supervisión de estructuras afines al régimen pretende imponer el olvido. El templo luce impecable, pero sin placas conmemorativas, sin altares para los mártires ni señales visibles de la tragedia. La memoria ha sido borrada del espacio físico, como parte de lo que defensores de derechos humanos califican como una política deliberada de encubrimiento.

“La restauración no es para sanar heridas ni rendir homenaje a los jóvenes asesinados, sino para limpiar la escena del crimen”, afirma la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina.

Silenciar la historia, silenciar a la Iglesia

Esta restauración sin memoria ocurre en paralelo a una escalada de control y hostigamiento contra la Iglesia católica nicaragüense. Desde el estallido de las protestas sociales en abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo ha considerado a la Iglesia como un actor incómodo, e incluso enemigo.

El periodista nicaragüense Emiliano Chamorro denunció recientemente que los sacerdotes deben enviar sus homilías dominicales a la Policía para revisión previa, y notificar cualquier salida de sus parroquias, incluso si es para visitar a otros sacerdotes. “Los sacerdotes son visitados entre dos y tres veces por semana por agentes policiales, quienes les toman fotografías y les advierten que no deben criticar al régimen. De hacerlo, les vendrán consecuencias”, alertó Chamorro en sus redes sociales.

Estas medidas constituyen una flagrante violación a la libertad religiosa, protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La CIDH ha documentado esta vigilancia como parte de una “estrategia sistemática de persecución religiosa”.

Crimen sin justicia, víctimas sin reparación

A siete años del ataque a la Parroquia Divina Misericordia, no hay investigaciones abiertas, ni responsables identificados ni sancionados. La ausencia de justicia, combinada con el intento oficial de borrar los hechos del espacio público, se traduce en una doble victimización.

Lo que para el régimen es una obra de “restauración y recuperación patrimonial”, para la memoria colectiva y las víctimas representa una afrenta. Bajo las paredes repintadas y los vitrales reconstruidos, late aún el eco de los disparos y los gritos de auxilio de aquel 13 de julio.

La historia no se borra con pintura, y la memoria no se restaura desde el poder. La Parroquia Divina Misericordia sigue siendo, para miles de nicaragüenses, símbolo del dolor de un pueblo perseguido… y de una verdad que, pese a todo, aún resiste.