La dictadura sandinista completó otra pieza de su reacomodo interno: la expulsión de las magistradas Yadira Centeno González y Ellen Joy Lewin Downs de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ambas presentaron “renuncias” idénticas alegando motivos de salud, cartas difundidas exclusivamente por el propagandista Canal 8, lo que confirma que la salida no fue voluntaria, sino operada desde el corazón del poder.

El régimen intenta proyectar normalidad institucional, pero el guion es conocido: cada supuesta renuncia ocurre exactamente cuándo Rosario Murillo avanza en la limpieza de estructuras para consolidar su mando dentro del aparato judicial.

El mensaje detrás de las renuncias: nadie está seguro, ni los leales

La salida simultánea de Centeno y Lewin Downs se produce en un momento en que Murillo profundiza el control absoluto de todas las áreas del Estado, especialmente aquellas encargadas de administrar justicia. Fuentes políticas señalan que los reemplazos ya están listos: perfiles sin trayectoria, pero con una exigencia clara: sumisión total.

El detalle que más evidencia la operación política es la sincronía de las cartas. Ambas misivas están redactadas con el mismo formato, el mismo lenguaje y el mismo argumento: una súbita enfermedad que les impediría continuar. Una coincidencia demasiado perfecta para no advertir el sello de Murillo detrás del movimiento.

Las purgas también cumplen otra función: instalar el miedo entre quienes aún ocupan cargos relevantes. El mensaje es claro: la obediencia histórica no basta; la lealtad debe ser absoluta y permanente.

Yadira Centeno: 27 años de servicio que terminaron en un desalojo humillante

Centeno fue magistrada durante casi tres décadas. No ascendió por méritos judiciales, sino por su fidelidad al Frente Sandinista desde los años noventa. Era considerada una figura disciplinada, útil y confiable para las estructuras del partido.

Pese a esa obediencia, en octubre de 2023 fue desalojada de su oficina por orden directa de Murillo, un gesto simbólico de degradación que marcó el inicio de su caída interna. Su salida oficial ahora solo formaliza lo que ya era un secreto a voces: su palabra dejó de ser funcional y el régimen ya tenía otras fichas para ocupar su lugar.

Ellen Joy Lewin Downs: 11 años en el cargo y el sello de “obediente”

Lewin Downs fue nombrada magistrada en 2014 y reelecta en 2022. Integró salas clave como la Penal y la de lo Contencioso Administrativo. Su ascenso se basó en un perfil considerado “manejable” por el oficialismo, especialmente durante sus años como jueza en el Caribe.

Once años después, su carrera también fue cortada de raíz. Aunque nunca mostró señales de rebeldía, su permanencia ya no era útil para la reestructuración interna impulsada por Murillo.

La Corte Suprema: un edificio sin autonomía ni resistencia

La formalidad del proceso presentar renuncias, activar designaciones, completar vacantes es apenas una fachada jurídica. En la práctica, la Corte Suprema de Justicia se mueve al ritmo político de la codictadora.

Cada reemplazo reafirma que el sistema judicial nicaragüense no tiene independencia ni capacidad para contrapesar decisiones del poder.

La salida de estas dos magistradas no solo es un acto administrativo: es otro paso hacia la consolidación de un esquema donde el sistema judicial funciona como herramienta política, no como institución de justicia.

Murillo afianza su dominio sobre el aparato judicial

Las renuncias dejan claro que Murillo continúa depurando a quienes ya no le sirven, aunque hayan sido históricamente leales. El reacomodo no es improvisado: forma parte de un proceso más amplio para asegurar que cada sentencia, cada trámite y cada sala esté vigilada por personas que respondan únicamente a su mando.

En Nicaragua, incluso los cuadros más antiguos y disciplinados pueden ser descartados cuando dejan de ser útiles.

Centeno y Lewin Downs son apenas las más recientes en una lista de purgas que no deja margen de duda: la justicia en Nicaragua tiene dueña, y su nombre es Rosario Murillo.