Humberto Ortega murió en aislamiento tras descalificar públicamente el liderazgo de la codictadora sandinista, quien decidió silenciarlo, recluirlo en casa por cárcel, agravando su condición de salud hasta su muerte en aislamiento.

Tras el fallecimiento de Humberto Ortega, Murillo no se dio por vengada y trasladó la factura de odio hacia Chavarría Altamirano, a quien mantenía bajo total encierro y sin información pública sobre su paradero o condición física.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, señalando que “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”.

Según esas medidas cautelares, emitidas en enero de 2025, los familiares no habían logrado dar con su destino y “el Estado no proporcionó información a la CIDH”, se lee en el documento emitido hace más de un año.

Obligada a comparecer

En el video difundido recientemente por el régimen, Angélica Chavarría aparece leyendo una declaración evidentemente forzada, sin presencia de familiares y bajo condiciones desconocidas. En la grabación aseguró encontrarse detenida en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres.

“Durante este tiempo he sido tratada con dignidad, respeto por parte de las autoridades de la Policía Nacional y Sistema Penitenciario”, indicó en la lectura.

También fue obligada a afirmar que recibe visitas de familiares, paquetería y acceso a televisión dentro del penal.

“Diariamente recibo atención médica, atención especializada, exámenes, medicamentos”, expresó igualmente en el video, donde además agradeció el “trato digno y respetuoso”, pese a permanecer encarcelada arbitrariamente y bajo desaparición forzada durante meses.

La difusión de esta prueba de vida ocurre en medio de crecientes denuncias internacionales sobre el uso sistemático de desapariciones forzadas, aislamiento y presión psicológica contra presos políticos y personas consideradas incómodas para el régimen Ortega-Murillo.

Sin embargo, el régimen todavía no ha podido presentar pruebas de vida del excoronel sandinista y opositor Carlos Brenes Sánchez, de 71 años, arrestado por segunda vez por agentes policiales el 15 de agosto de 2025 junto a su esposa, Salvadora del Socorro Martínez Aburto. Ambos permanecen en condición de desaparición forzada.

Tampoco existe información oficial sobre el líder indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, desaparecido forzosamente desde el 29 de septiembre de 2023.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN-ONU) y la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos se han sumado a las exigencias para que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presente una prueba de vida de Rivera.

El régimen tampoco logra presentar una prueba de vida de Víctor Boitano Coleman de 65 años, capturado desde el 23 de abril de 2024 en su vivienda del barrio Altamira, en Managua. Civiles armados y policías irrumpieron en la propiedad. Se lo llevaron sin que su familia conociera, desde entonces, una versión oficial sobre su paradero o su estado de salud.

Diversas organizaciones humanitarias sostienen que la práctica de desapariciones forzadas se ha convertido en uno de los principales mecanismos de represión política utilizados actualmente por la dictadura sandinista, uno de sus tantos crímenes de lesa humanidad.