La Alcaldía de Managua otorgó un contrato millonario a Ernesto Antonio Morales Calderón, reconocido militante del Frente Sandinista, por la transmisión y difusión de contenidos en plataformas digitales.

Según los registros del Sistema de Contrataciones Administrativas y Electrónicas (Siscae), Morales Calderón fue beneficiado con una licitación pública para el “servicio de difusión en medios digitales”, por un monto superior a cuatro millones de córdobas, equivalentes a más de 100 mil dólares. El contrato, con vigencia de 12 meses, incluye transmisiones en vivo y la difusión de contenidos en YouTube e Instagram, mediante canales y “creadores de contenido” seleccionados por la comuna.

Un militante convertido en contratista del Estado

Morales Calderón no es un desconocido dentro del aparato político del régimen. Ha sido visto participando activamente en actos partidarios, ondeando la bandera rojinegra del FSLN y vistiendo camisetas alusivas a los aniversarios de la Revolución Sandinista. En redes sociales, comparte constantemente mensajes de apoyo al régimen Ortega-Murillo.

Lo curioso del proceso es que la licitación dejó desiertos los apartados que buscaban contratar transmisiones en Facebook Live, TikTok, X (antes Twitter) y Reels, lo que plantea dudas sobre la transparencia y los criterios de selección aplicados por la Alcaldía.

Propaganda disfrazada de comunicación institucional

El contrato forma parte de un ambicioso gasto publicitario de la Alcaldía de Managua para 2025. Según su Plan Anual de Contrataciones, se proyectan 14 licitaciones vinculadas a propaganda institucional, con un presupuesto total de 42.5 millones de córdobas, es decir, más de 1.1 millones de dólares.

Los fondos serán destinados a campañas de comunicación en televisión, radio, medios digitales y vallas publicitarias, un gasto que contrasta con la precariedad de los servicios municipales básicos, como la recolección de basura, mantenimiento vial y drenaje pluvial.

Dinero público para reforzar la maquinaria propagandística

La adjudicación a un militante sandinista confirma el uso discrecional y partidario de los recursos públicos. Estos contratos, presentados como comunicación institucional, son en realidad financiamiento encubierto para la propaganda política del Frente Sandinista.

En un contexto donde los medios independientes enfrentan censura y persecución, el régimen Ortega-Murillo fortalece así su control sobre la narrativa digital, utilizando el dinero de los contribuyentes para sostener su maquinaria propagandística.

En Nicaragua, la lealtad al régimen se paga con dinero público, y la propaganda se oculta tras el lenguaje burocrático de la “difusión institucional.”