Un cónsul bajo sospecha: SEICSA en el corazón de una red criminal

La investigación de la fiscalía general de la República (FGR) expone una compleja estructura criminal que operaba entre México y Guatemala y que involucra directamente a Elías Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, y propietario de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA).

Según la Causa Penal, SEICSA una empresa con más de 140 contratos gubernamentales formó parte del engranaje utilizado para traficar armas, importar ilegalmente combustible y ejecutar operaciones financieras dudosas, todo ello bajo un manto de legitimidad otorgado por sus vínculos diplomáticos y gubernamentales.

Pese a los hallazgos, Valdés Cabrera no cuenta con una orden de aprehensión, a diferencia de otros miembros de la estructura.

Miss Universo, empresas de seguridad y crimen organizado: la otra mitad de la trama

El caso también implica al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo y ex cónsul honorario de Guatemala en Toluca, así como al contratista federal Jorge Enrique Alberts Ponce, señalado como operador clave en la estructura.

Un juez federal ya ordenó la detención de Rocha Cantú y otros involucrados, tras determinar que habrían financiado y dirigido operaciones ilícitas como la importación ilegal de combustible y el abastecimiento de huachicol a estaciones de servicio de su propiedad.

La FGR sostiene que Rocha Cantú pagó millones de pesos al presunto intermediario Jacobo Reyes León, alias “Yaicob” o “El Licenciado”, encargado de facilitar información sensible desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Armas para cárteles y permisos exprés: el rol de las empresas de seguridad

De acuerdo con la investigación, Alberts Ponce utilizó cinco empresas de seguridad privada incluida SEICSA para gestionar licencias colectivas de portación de armas exprés, en colusión con elementos militares.

Gracias a estas gestiones, grupos criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) obtuvieron acceso a armas sin ser detenidos, operando bajo la cobertura de permisos oficiales.

Los centros de operación de la red se encontraban principalmente en Ciudad de México, con presencia en Monterrey, Sonora y Querétaro.

Despojo de propiedades: un negocio paralelo de 160 millones de pesos

El expediente también revela que el grupo delictivo utilizó sus empresas para despojar inmuebles, falsificar posesiones y obtener escrituras con apoyo de notarios y funcionarios.

La operación consistía en identificar propiedades aparentemente abandonadas, introducir ocupantes, simular servicios de seguridad y luego legalizar la toma del bien.

El botín acumulado supera los 160 millones de pesos, montados posteriormente como garantías crediticias para financiar nuevas actividades ilícitas.

Contratos, señalamientos y protección política

Aunque SEICSA ha enfrentado observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y múltiples denuncias laborales, continúa siendo una de las empresas más contratadas por el Estado mexicano. De hecho, la propia FGR que hoy investiga a la compañía mantuvo contratos activos con la firma de Valdés Cabrera.

En junio, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente investigar al cónsul sandinista por presunto contrabando de diésel en Sonora. Sin embargo, no existe registro de que el Gobierno de Nicaragua haya retirado su nombramiento diplomático, a pesar de la gravedad de los señalamientos.

Lo mismo ocurrió con Rocha Cantú y Alberts Ponce, quienes simultáneamente fungieron como contratistas federales y representantes diplomáticos honorarios de países centroamericanos, lo que les facilitó operar con impunidad y acceso privilegiado.

Cierre: una red criminal con protección diplomática

La FGR asegura que los tres empresarios aprovecharon su influencia política y sus cargos diplomáticos para edificar una estructura delictiva que combinaba contrabando de combustible, tráfico de armas, lavado de dinero y despojo patrimonial, utilizando empresas de seguridad como fachada.

La causa penal continúa abierta, y se esperan nuevas órdenes de captura conforme avance la investigación. Mientras tanto, el silencio del Gobierno de Nicaragua sobre su cónsul honorario mantiene abiertas preguntas sobre qué tan profundo llega la tolerancia o complicidad con actores vinculados al crimen organizado transnacional.