La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a cerrar espacios a la Iglesia católica al prohibir las misiones pastorales que la Diócesis de León tenía previstas realizar fuera de los templos, una actividad central en la vida eclesial y comunitaria de esa ciudad.

La orden fue comunicada directamente por la Policía Nacional a autoridades religiosas, instruyéndoles que sacerdotes, religiosas y laicos no podían salir a evangelizar casa por casa y debían limitar cualquier actividad estrictamente al interior de las parroquias. La disposición dejó sin efecto semanas de preparación pastoral y confirmó el avance del control estatal sobre las expresiones de fe.

Las misiones pastorales, que forman parte de una tradición histórica de la Iglesia, tienen como objetivo acercar la palabra de Dios a las familias, visitar comunidades y fortalecer la vida espiritual más allá de los templos. Para líderes religiosos y defensores de derechos humanos, impedirlas equivale a vaciar de contenido la práctica religiosa y reducirla a una actividad vigilada y condicionada por el régimen.

Especialistas en libertad religiosa advierten que esta medida no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de restricción contra la Iglesia católica desde 2018, cuando el clero asumió un rol de acompañamiento a las víctimas de la represión estatal. Desde entonces, procesiones, peregrinaciones, celebraciones públicas y ahora misiones pastorales han sido prohibidas o severamente limitadas.

La Diócesis de León se suma así a una lista creciente de jurisdicciones eclesiásticas sometidas a vigilancia, hostigamiento y censura, en un país donde el ejercicio de la fe fuera de los templos es tratado como una amenaza al control político.

Para analistas, la prohibición refleja el temor del régimen a cualquier estructura comunitaria que no controle directamente. La Iglesia, con su capacidad de convocatoria, su presencia territorial y su discurso ético, continúa siendo uno de los últimos espacios de cohesión social independientes del aparato estatal.

Mientras el régimen insiste en presentarse como garante del orden y la estabilidad, la realidad muestra un país donde incluso la fe es regulada por la Policía. En Nicaragua, hoy, evangelizar casa por casa se ha convertido en un acto prohibido.