Mientras miles de nicaragüenses en el exilio enfrentan trabas para obtener refugio, el régimen facilita la entrada de extranjeros con señalamientos judiciales. Mientras priva de la nacionalidad a decenas de opositores y fuerza al exilio a miles de ciudadanos críticos, ahora abre las puertas y brinda protección a extranjeros con expedientes judiciales abiertos en sus países.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa exhibiendo su doble moral en materia de derechos humanos y asilo político. La más reciente muestra de este contraste es la concesión de asilo político al sindicalista panameño Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, quien es investigado en Panamá por estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita, según fuentes oficiales del país vecino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó formalmente al Gobierno de Panamá que ha otorgado asilo a Cerrud Pinzón, alegando que se encuentra “perseguido por razones políticas” debido a su labor como Secretario de Defensa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares SUNTRACS.

La nota diplomática afirma que el régimen actúa conforme a la Convención sobre Asilo Político de 1933, argumentando razones humanitarias. No obstante, la contradicción es evidente: ese mismo régimen ha expulsado de su territorio a escritores, periodistas, activistas de derechos humanos y religiosos, acusándolos de “traición a la patria”, y les ha arrebatado la ciudadanía sin debido proceso.

Nicaragüenses sin refugio, mientras el régimen protege a señalados

Mientras tanto, miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica, Estados Unidos, España y otros países enfrentan enormes obstáculos para obtener asilo. Muchos llevan años esperando resoluciones migratorias en condiciones precarias, y algunos están incluso en riesgo de deportación. Otros han tenido que sobrevivir en la clandestinidad o como migrantes sin estatus, pese a la persecución documentada que han sufrido en su país de origen.

La decisión del régimen Ortega-Murillo de ofrecer asilo a un extranjero investigado por delitos financieros contrasta fuertemente con su política interna de represión, despojo y exilio forzado contra sus propios ciudadanos. En vez de proteger a los perseguidos políticos nicaragüenses, el régimen elige erigirse en refugio para personas señaladas por corrupción y crimen organizado en sus países.

Organizaciones de derechos humanos y movimientos del exilio nicaragüense califican este nuevo acto como una burla a los principios del derecho internacional. “Nicaragua se ha convertido en un santuario para señalados, mientras nos niega a nosotros el derecho básico de existir como ciudadanos”, expresó una activista nicaragüense desde San José, Costa Rica, a condición de anonimato.

Con esta decisión, el régimen Ortega-Murillo confirma su uso político del asilo, no como una herramienta humanitaria, sino como una estrategia para afianzar alianzas, proteger intereses afines y enviar un mensaje claro: los opositores locales son enemigos; los señalados extranjeros, bienvenidos.