La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado un nuevo mecanismo de represión contra los nicaragüenses deportados de Estados Unidos: el confinamiento bajo la figura no oficial de “municipio por cárcel”, una práctica arbitraria que convierte el retorno al país en una nueva forma de castigo político.

De acuerdo con denuncias ciudadanas y reportes periodísticos, los deportados —muchos de ellos con antecedentes de participación en las protestas sociales de 2018— son sometidos a estrictas medidas de vigilancia a pesar de no enfrentar procesos judiciales ni condenas formales. Estas medidas incluyen firmar cada 15 días en la estación policial de su localidad, enviar fotografías semanales a un agente designado, prohibición de salir del municipio sin autorización policial y restricciones para recibir visitas o reunirse con familiares.

Incluso sus rutinas laborales son supervisadas, obligándolos a permanecer dentro del municipio asignado. En la práctica, significa un cerco de vigilancia constante que convierte la vida cotidiana en un régimen de control político.

El discurso oficial y la realidad

Mientras Ortega asegura públicamente que Nicaragua “recibe con los brazos abiertos” a quienes regresan tras ser deportados, la realidad demuestra lo contrario. Testimonios recientes revelan que al menos dos ciudadanos deportados en las últimas semanas fueron sometidos a este régimen de vigilancia en departamentos fronterizos.

La Policía Nacional, según versiones extraoficiales, actúa con base en “listas negras” donde los retornados son catalogados como “enemigos del Estado” por su activismo político o por haber buscado asilo en el extranjero.

En los últimos meses, las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos han aumentado de manera significativa, reflejo de la crisis migratoria que empuja a miles a huir de la represión y la falta de oportunidades. Sin embargo, el régimen guarda silencio sobre este flujo creciente de retornados, al mismo tiempo que convierte el regreso al país en un nuevo capítulo de persecución.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado además que las autoridades imponen cobros arbitrarios en trámites migratorios y de documentación, sumando otra carga económica para los deportados y sus familias.

Alerta internacional

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advirtió recientemente que el régimen Ortega-Murillo se atribuye el poder de decidir quién puede o no regresar al país. Esta práctica ha dejado a decenas de nicaragüenses en un exilio forzado, muchos de ellos con su nacionalidad revocada.

La figura de “municipio por cárcel” refleja el endurecimiento del control estatal sobre los ciudadanos, incluso sobre quienes ya fueron castigados por la deportación, y confirma que la represión del régimen sandinista trasciende fronteras.