La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a teñir de luto a Nicaragua. Sin comunicado oficial, sin explicación y sin piedad, el régimen sandinista entregó a la familia el cuerpo sin vida del abogado Carlos Cárdenas Cepeda, quien había permanecido secuestrado y en desaparición forzada durante 15 días.

Cárdenas, un profesional originario de Managua que en 2018 colaboró temporalmente con la Conferencia Episcopal durante el fallido diálogo nacional, se convirtió en la más reciente víctima de la maquinaria represiva del orteguismo. Su muerte, confirmada por diversas plataformas opositoras, evidencia la impunidad con la que opera el poder dictatorial.

La noticia estremeció a la familia del abogado, que guarda absoluto silencio, bajo lo que se presume es vigilancia e intimidación por parte del régimen. La Gran Confederación Opositora Nicaragüense denunció el crimen y lo calificó como un asesinato político:

“Denunciamos nacional e internacionalmente el terrorismo que ejecuta Ortega y Murillo en contra de los nicaragüenses. Estos hechos deben ser detenidos con fuerza por la comunidad internacional mediante los mecanismos que defienden los derechos humanos y universales”, señaló la organización en un comunicado.

Un patrón de terror sistemático

El caso de Cárdenas no es aislado. Apenas el 25 de agosto, el régimen entregó muerto a Mauricio Alonso, un preso político de 64 años, tras semanas de desaparición forzada. En menos de un mes, dos cuerpos sin vida han sido devueltos a sus familias, en lo que opositores califican como una política de terrorismo de Estado.

Cárdenas ya había sido víctima de la represión. En agosto de 2018 fue secuestrado por paramilitares en su casa de Ciudad Sandino, hecho que en su momento denunció públicamente su esposa, Liset Galeano. Aunque la Conferencia Episcopal aclaró entonces que no era su asesor permanente, su participación en el diálogo nacional lo marcó como objetivo para el régimen Ortega-Murillo.

Silencio forzado y mensaje de miedo

La entrega de su cuerpo sin vida representa el cierre más trágico a su desaparición y se suma a la larga lista de opositores asesinados o desaparecidos bajo custodia estatal. La vigilancia impuesta sobre su familia tras recibir el cadáver constituye un claro mensaje de intimidación: la represión no termina con la muerte.

Con este nuevo crimen, el régimen Ortega-Murillo reafirma su estrategia de persecución sistemática contra la disidencia, donde encarcelar, torturar y silenciar ya no basta: ahora, las familias son obligadas a recibir a sus seres queridos sin vida, como una advertencia brutal de que la venganza del poder no tiene límites.