El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó este lunes una de sus maniobras más profundas dentro del sistema judicial: el desplazamiento definitivo de Ana Julia Guido de la Fiscalía y la colocación de tres de sus operadores más leales como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El movimiento consolida la arquitectura de control que el oficialismo ha construido desde 2018 y confirma un proceso de reacomodo interno que venía gestándose semanas atrás.

La propuesta enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incluye el nombramiento de Ana Julia Guido, fiscal general desde 2014, y de los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez. Todos son señalados públicamente por su participación directa en la maquinaria judicial utilizada para encarcelar opositores, legalizar confiscaciones y validar juicios marcados por graves violaciones al debido proceso.

Rothschuh y Rodríguez destacan por haber firmado resoluciones exprés que facilitaron la persecución estatal durante la represión de 2018, siendo señalados por organismos internacionales como actores clave en la criminalización de la protesta cívica, la confiscación de bienes y la anulación de la nacionalidad a decenas de ciudadanos.

El ascenso planeado de Wendy Morales

El desplazamiento de Guido del Ministerio Público confirma un cambio estratégico: no se trata de una caída, sino de un movimiento calculado para despejar el camino a la procuradora general Wendy Morales, figura que en los últimos años ha acumulado un poder extraordinario dentro del aparato estatal.

Morales es considerada por juristas como la “supra fiscal” del régimen debido a su rol central en la confiscación masiva de propiedades privadas, medios de comunicación y organizaciones civiles.

Su eventual llegada a la Fiscalía representaría el control total de los procesos penales, administrativos y patrimoniales, cerrando el círculo de poder que Ortega y Murillo han tejido alrededor del sistema judicial.

Una Corte reconfigurada para obedecer

Los nuevos nombramientos llegan tras una llamativa “cadena de enfermedades” y posteriores renuncias de los magistrados José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra López, tres figuras que, aunque alineadas al régimen, no formaban parte del núcleo duro de confianza. Esa vacante permitió al oficialismo reforzar la CSJ con operadores totalmente subordinados al mando político de la pareja presidencial.

El resultado es una Corte Suprema sin contrapesos, sin fisuras internas y diseñada para garantizar blindaje, impunidad y continuidad a un modelo represivo que desde abril de 2018 ha funcionado como columna vertebral del régimen.

Un sistema judicial al servicio del poder

La reconfiguración de la CSJ y el movimiento simultáneo en la Fiscalía consolidan un panorama donde el sistema judicial queda convertido, más que nunca, en un instrumento para perseguir, despojar, silenciar y controlar. Con esta jugada, Ortega y Murillo estrechan el cerco de poder interno y aseguran que cualquier proceso legal desde juicios políticos hasta confiscaciones continúe respondiendo exclusivamente a los intereses del régimen.