El régimen Ortega-Murillo otorgó en tiempo récord tres nuevas concesiones mineras a la empresa Global Group, hasta ahora desconocida en el sector, con una extensión total de 46,167.58 hectáreas en los departamentos de Nueva Segovia y Madriz. Las resoluciones fueron emitidas por el Ministerio de Energía y Minas MEM en abril de 2025, apenas cinco meses después de que la compañía solicitara los permisos.

Los terrenos fueron agrupados bajo los nombres Segovia Mining 1, 2 y 3, y se distribuyen en nueve municipios: El Jícaro, San Fernando, Ciudad Antigua, Mozonte y Ocotal (Nueva Segovia); y Telpaneca, Totogalpa, Palacagüina y San Juan del Río Coco Madriz.

Los acuerdos que respaldan estas concesiones son los siguientes: Acuerdo Ministerial No-017-SBT-M-014-2025: 18,305.80 hectáreas, Acuerdo Ministerial No-018-SBT-M-015-2025: 1,861.78 hectáreas, Acuerdo Ministerial No-019-SBT-M-016-2025: 26,000 hectáreas.

Los documentos fueron publicados en La Gaceta, Diario Oficial, y confirman que la solicitud de concesión fue presentada por Global Group el 5 de febrero de 2025 y aprobada por el MEM el 25 de abril del mismo año.

Una nueva jugadora en el negocio minero del régimen

La empresa Global Group entra al escenario minero nacional sin antecedentes conocidos en el país, pero con el beneficio de una tramitación acelerada y sin objeciones por parte de las instituciones del régimen. La primera concesión incluye partes de El Jícaro (1,223.52 ha), Ciudad Antigua (7,740.51 ha), Telpaneca (8,702.92 ha) y San Juan del Río Coco (638.85 ha).

La segunda, más reducida, abarca áreas de El Jícaro (1,436.24 ha), San Fernando (5.46 ha) y Ciudad Antigua (420.08 ha). La tercera, la más extensa, comprende zonas de San Fernando, Mozonte, Ocotal y Ciudad Antigua en Nueva Segovia, y Telpaneca, Totogalpa y Palacagüina en Madriz.

Durante una entrevista concedida al medio Onda Local, el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, expuso que posee información que apunta a que la empresa Global Group, Sociedad Anónima, estaría vinculada al régimen de Ortega y Murillo, y operaría a través de presuntos testaferros.

Ruiz señaló que el representante legal de esta sociedad, Deybi Josué García Gutiérrez —según consta en el diario oficial La Gaceta—, está relacionado con una promotora de conciertos ligada al oficialismo, que organiza principalmente eventos de rock en locales de la Zona Hippos, en Managua.

Según el ambientalista, otra figura clave detrás de Global Group sería Carlos Arturo Gallese Ruiz, a quien identifica como paramilitar y cercano a uno de los hijos del binomio presidencial. También menciona a Mario José Reyes Morales, quien figura como CEO de la empresa. De acuerdo con Ruiz, todos ellos podrían estar desempeñando el papel de prestanombres.

China, el mayor beneficiado: más de 250 mil hectáreas en concesiones

La entrega a Global Group se suma a una tendencia de entrega masiva de concesiones mineras que favorece principalmente a empresas de capital chino. Solo en los últimos dos años, el régimen ha adjudicado más de 250 mil hectáreas a cuatro empresas vinculadas con China, consolidando un patrón de concentración de este lucrativo sector.

Entre las empresas se encuentran; Zhong Fu Development S.A.: 167,606.60, Xinxin Linze Mining S.A.: 44,470.81, Brother Metal S.A.: 31,572.63, Thomas Metal S.A.: 10,308.90. Estas concesiones abarcan zonas ricas en oro, cobre y otros minerales, principalmente en las Regiones Autónomas del Caribe y el departamento de Chinandega.Crecen las exportaciones, aumentan los riesgos ambientales

Según el Banco Central de Nicaragua, las exportaciones del sector minero en 2024 ascendieron a 1,391.6 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20.1% respecto a 2023. Este auge minero alimenta las finanzas del régimen, mientras las comunidades afectadas enfrentan un deterioro ambiental progresivo y sin mecanismos de consulta ciudadana.

Organizaciones ambientalistas advierten sobre la falta de transparencia y los impactos ecológicos irreversibles que este tipo de concesiones está provocando en bosques, fuentes de agua y tierras agrícolas. Y otros riesgos asociados que podrían afectar directamente a las familias de las comunidades aledañas a las empresas mineras.