El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió una nueva circular que obliga a entregar, en un plazo máximo de 90 días, todos los protocolos notariales, libros, sellos, carnés y archivos profesionales pertenecientes a notarios fallecidos, suspendidos o que actualmente se encuentren en el exilio.

La disposición, difundida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), advierte que el incumplimiento tendrá “efectos legales”, una frase interpretada por juristas como una clara amenaza de cárcel para familiares y custodios que no accedan a entregar los documentos.

La orden se ampara en el artículo 54, numeral 5, de la recién modificada Ley 1,250 de Carrera Judicial, aprobada por un Poder Judicial totalmente subordinado al Frente Sandinista. Su objetivo: ejercer control absoluto sobre documentos patrimoniales y escrituras privadas.

Familias bajo presión: el régimen exige entregar documentación

La circular obliga a padres, hijos, esposas, hermanos y cualquier persona que resguarde los archivos a presentarse físicamente en la Oficina de Recepción de Causas y Escritos (ORDICE) en Managua para entregar: Protocolos, libros notariales, sellos, carnés profesionales, Índices, folios, tomos, actas de defunción del notario fallecido o cualquier archivo legal vinculado a su ejercicio.

Con este movimiento, el Estado centraliza toda la información registral del país y elimina la independencia de cualquier archivo histórico o profesional.

Acceso exclusivo de la CSJ a las escrituras antiguas

A partir de esta orden, cualquier certificación, copia o consulta sobre escrituras emitidas en el pasado deberá gestionarse únicamente mediante la CSJ. Esto deja a los ciudadanos completamente expuestos a un Estado que ha confiscado propiedades privadas, ha alterado documentos registrales, ha usurpado bienes de opositores y exiliados.

Abogados advierten que este control permitirá al régimen manipular o esconder transacciones que contradicen confiscaciones ilegales realizadas en los últimos años.

Una ofensiva continua contra abogados y notarios independientes

Desde 2018, el régimen ha ejecutado una campaña de persecución contra abogados críticos o autónomos. Entre las acciones más recurrentes destacan: Suspensiones arbitrarias del ejercicio profesional, anulación de títulos universitarios y notariales, vigilancia y hostigamiento policial, criminalización por defender a presos políticos y exilio forzado de decenas de profesionales

Muchos de estos abogados representaban a víctimas de confiscación, familiares de asesinados en la represión, o personas encarceladas por motivos políticos.

Esta nueva circular pretende extender la persecución incluso a sus familias, obligando a entregar archivos que son parte esencial de su trabajo y la defensa de sus clientes.

Un paso más para borrar evidencia

Abogados en el exilio coinciden en que esta maniobra busca acceder a registros que documentan herencias, compraventas, particiones de bienes y transacciones privadas que podrían contradecir la narrativa confiscatoria del régimen.

“Pretenden borrar el rastro documental de quienes defendieron derechos y propiedades. No es solo un ataque a los notarios, es un ataque a toda la ciudadanía”, señaló un abogado consultado bajo condición de anonimato por DaríoMedios.

Familias en riesgo y autorizaciones anuladas

El régimen anuló todas las custodias y autorizaciones concedidas en años anteriores. Ahora, cualquier familiar que resguarde estos archivos se ve obligado a entregarlos o enfrentar posible criminalización.

La medida es considerada una de las más agresivas contra las bases del sistema legal nicaragüense, dejando vulnerables a: familias que resguardan protocolos, dueños de propiedades, herederos y clientes cuyos documentos podrían desaparecer o alterarse.

La confiscación de protocolos notariales no solo representa un golpe directo al gremio jurídico, sino una maniobra para consolidar el control absoluto del régimen sobre la historia documental del país.

Con esta medida, Ortega y Murillo buscan asegurarse el dominio total sobre bienes, propiedades y registros que, en un Estado de derecho real, deberían permanecer protegidos, independientes y bajo resguardo profesional.