Durante una entrevista transmitida por el canal oficialista TN8, Coronel intentó inicialmente justificar la medida como un mecanismo de “control migratorio”, afirmando que se bloquea la entrada a personas vinculadas con delitos como trata de personas, explotación sexual o tráfico de migrantes. Sin embargo, la ministra terminó reconociendo que el veto también se aplica a ciudadanos nicaragüenses a quienes el régimen acusa sin juicio ni pruebas de “terrorismo” o de realizar acciones que “atentan contra la paz y la seguridad del país”.

Ese reconocimiento público confirma lo que víctimas, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han denunciado desde hace años: el régimen mantiene listas negras para impedir el regreso de críticos, opositores, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos y ciudadanos que simplemente expresan opiniones contrarias en redes sociales.

Destierro encubierto

La declaración se produce a las puertas de la temporada decembrina, cuando miles de nicaragüenses suelen viajar para reunirse con sus familias. Para muchos, la admisión de Coronel actúa como una advertencia: decenas o cientos de ciudadanos podrían estar impedidos de volver, sin explicación oficial, sin proceso legal y sin derecho a defensa.

Organismos como el OACNUDH y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua han documentado reiteradamente esta práctica. Ambos han denunciado el uso del control migratorio como herramienta de persecución política, describiendo casos en los que ciudadanos son retornados en frontera sin justificación o a quienes simplemente se les impide abordar vuelos hacia Nicaragua.

La arbitrariedad con la que el régimen aplica el concepto de “atentar contra la paz” una expresión repetida por la pareja dictatorial desde 2018 revela un patrón más amplio: criminalizar la protesta cívica y convertir la disidencia en delito, incluso fuera del país.

Una política de Estado: castigo, control y miedo

El veto migratorio se suma a un repertorio de prácticas represivas que incluyen la desnacionalización, la confiscación de bienes, la cancelación masiva de ONG y la persecución judicial. Al reconocer públicamente esta forma de destierro, coronel Kinloch confirma que la política migratoria ha sido transformada en un mecanismo para castigar y controlar a la población.

Analistas consultados señalan que esta medida constituye una de las más radicales acciones del Estado contra sus propios ciudadanos: decidir quién merece regresar o no a su patria, sin juicio, sin notificación previa y sin posibilidad de recurso.

Esto convierte al exilio nicaragüense en un exilio de doble filo: no solo huir para sobrevivir, sino también enfrentar la incertidumbre de no poder volver jamás.

En un país donde más de 800,000 personas han migrado desde 2018, la política anunciada por Coronel sella institucionalmente el exilio como herramienta de represión.

El mensaje detrás de la admisión

Para amplios sectores, las palabras de Coronel Kinloch no son un desliz, sino un mensaje calculado del régimen: reconocer que controlan fronteras, identidades y destinos. Y que el retorno antes un derecho innegociable hoy es una prerrogativa política del poder.

Con estas declaraciones, el régimen Ortega–Murillo abandona cualquier pretensión de normalidad institucional y asume abiertamente una política de destierro moderno, que viola la Constitución, el derecho internacional y la dignidad humana.