Un Estado que persigue obispos y promociona actos religiosos

El informe de la USCIRF subraya la contradicción del régimen sandinista: mientras persigue a obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, simultáneamente promueve eventos masivos de fe para proyectar una imagen de normalidad religiosa.

En los últimos meses, mientras se mantienen encarcelamientos, destierros, confiscaciones y prohibiciones contra la Iglesia Católica, el régimen ha publicitado con insistencia actividades multitudinarias como la reciente Exposición de Santos Patronos en León, un evento que buscó mostrar supuesta “libertad espiritual” en un país donde la represión religiosa es profundamente sistemática.

“Es una estrategia de doble moral. Reprimen con una mano y montan espectáculos religiosos con la otra”, explica el reporte.

Tácticas de represión: acoso, control y manipulación

De acuerdo con la USCIRF, el régimen Ortega-Murillo ejecuta una política integral para sofocar la autonomía de las comunidades religiosas. Entre los métodos señalados están:

• Hostigamiento policial y vigilancia en templos.

• Obstaculización de actividades religiosas y procesiones.

• Criminalización y arresto de miembros del clero.

• Confiscación de universidades, colegios y propiedades administradas por congregaciones religiosas.

• Bloqueo de permisos para eventos litúrgicos.

• Favorecimiento político a grupos que se alinean con el oficialismo para dividir la influencia religiosa en la sociedad.

El organismo destaca además que Nicaragua emplea la persecución religiosa como herramienta para castigar voces críticas y desarticular redes sociales que históricamente han acompañado a las víctimas de derechos humanos.

Nicaragua, designada como “País de Preocupación Particular”

La USCIRF recuerda que el Departamento de Estado mantiene a Nicaragua en la lista de Países de Preocupación Particular, una clasificación reservada para gobiernos que cometen violaciones graves, sistemáticas y continuas a la libertad de religión o creencias.

Esta designación abre la puerta a sanciones diplomáticas, restricciones económicas y revisión permanente del comportamiento del régimen.

Un patrón que no cesa

Desde 2018, organizaciones nacionales e internacionales han documentado más de 1,000 ataques contra la Iglesia Católica: desde agresiones físicas y campañas de odio hasta el encarcelamiento de obispos y sacerdotes, la expulsión de congregaciones completas y la confiscación de medios de comunicación y centros educativos vinculados a la Iglesia.

El informe de la USCIRF refuerza una conclusión ampliamente sostenida: en Nicaragua existe una política de Estado dirigida a suprimir cualquier figura religiosa que pueda representar un contrapeso moral o social frente al régimen.