Tras las presiones de Estados Unidos sobre la expulsión de Nicaragua del DR Cafta, la mañana de este sábado, los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo excarcelaron a varios presos políticos, quienes quedan en casa por cárcel y tendrán que acudir a firmar todos los días a las 7:00 de la mañana el libro de control de detenidos de la delegación policial cercana a su domicilio, informaron diversos defensores de derechos humanos a DarioMedios.

Entre los excarcelados políticos, se encuentran los liberales Alejandro Hurtado y Valmore Balladares, ambos secretario y presidente de una de las facciones del Partido Liberal Independiente (PLI), quienes fueron secuestrados el pasado mes de enero, cuando habrían enviado al dictador Ortega, una carta en la que solicitaban un dialogo para solucionar la crisis e derechos humanos que atraviesa Nicaragua.

Organismos defensores de derechos humanos, señalan que muchos de los excarcelados padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, problemas cardiacos y enfermedades estomacales, debido a la mala alimentación y el estrés sometido en las celdas del régimen.

Trabajadores de la diócesis de Matagalpa liberadas

Fuentes eclesiásticas de la Diócesis de Matagalpa confirmaron a DarioMedios que han tenido conocimientos que entre los excarcelados se encuentran Carmen Saenz y Lesbia Gutiérrez, quienes trabajaban para la Iglesia Católica en ese departamento.

Ambas mujeres fueron encarceladas el 10 de agosto de 2024 y desde entonces fueron declaradas como “desaparecidas” por organismos de derechos humanos, porque desde su detención, el régimen evitó dar información a sus familiares sobre el estado de salud de ambas detenidas, quienes permanecieron más de 475 días encarceladas.

Otras de las presas políticas enviadas a su casa bajo “estricta vigilancia”, es Eveling Matus, quien fue detenida el 25 de junio de 2024, luego que agentes policiales y paramilitares la detuvieron sin orden judicial en Managua. Durante el juicio por supuesta “traición a la patria y difusión de noticias falsas”, la Fiscalía sandinista pidió 10 años de cárcel contra ella.