La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes 2 de julio una nueva ley que obliga a todos los trabajadores del Estado, así como a instituciones educativas y medios de comunicación, a participar en marchas cada primero de julio, fecha que el oficialismo ha declarado como el “Día del Combatiente”.

La imposición, presentada como una iniciativa de ley para los trabajadores de estado, “es para celebrar el orgullo militante, luchador, heroico y victorioso del pueblo nicaragüense”, refuerza el uso del aparato estatal como maquinaria de propaganda política, en una fecha que coincide con el inicio del llamado “julio victorioso”, mes que la dictadura dedica a rendir culto a su propio poder.

El artículo 2 de la ley establece que la marcha será obligatoria para el “Gobierno Central, órganos del Estado, instituciones públicas, fuerzas militares y policiales”. Pero el alcance va más allá: incluye a todos los trabajadores de centros educativos públicos y privados “en todos los niveles”, así como empleados de medios de comunicación y gobiernos municipales y regionales.

Además, el régimen ordena que se realicen “actividades complementarias” con familias, comunidades y juventud organizada, en lo que parece ser un intento de involucrar forzadamente a toda la sociedad en la narrativa oficialista.

Represión disfrazada de celebración

Con esta ley, Ortega y Murillo refuerzan la práctica del adoctrinamiento colectivo obligatorio, disfrazando de celebración patriótica una nueva jornada de control político. Para muchos, se trata de una forma de castigo simbólico y práctico contra quienes podrían disentir, bajo amenaza de represalias si no participan.

Esta es la segunda ley de este tipo en lo que va del año. En abril, la Asamblea ya había aprobado una norma que establece la obligatoriedad de marchar durante todo ese mes, bajo el pretexto de “defender la paz”, en una evidente maniobra por reescribir el significado histórico de las protestas de abril de 2018. Aquel levantamiento ciudadano fue brutalmente reprimido, dejando cientos de muertos y miles de exiliados.

Instrumentalización del Estado

El carácter obligatorio de estas marchas no deja espacio para la neutralidad. Quienes se ausenten corren el riesgo de ser señalados como “traidores” o “desleales”, y en muchos casos enfrentan represalias administrativas, despidos o marginación laboral.

En lugar de promover el pensamiento crítico o el pluralismo, el régimen utiliza los recursos públicos, las escuelas y las instituciones como herramientas para legitimar su permanencia en el poder y borrar del imaginario colectivo las voces de protesta.

Mientras tanto, la Asamblea sigue funcionando como una extensión del Ejecutivo, sin espacio para el debate o la disidencia. Las leyes se aprueban al ritmo de los decretos de Rosario Murillo, quien días antes ya había anunciado públicamente la intención de declarar el 1 de julio como fecha de celebración oficial, en lo que confirma que los procedimientos legislativos en Nicaragua son una simple formalidad para decisiones ya tomadas en El Carmen.