Una expulsión múltiple y coordinada

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó una expulsión coordinada que no solo afectó al embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, sino también al ministro consejero Miguel Mahiques Núñez y a ocho cooperantes españoles vinculados a organizaciones de desarrollo que operaban en el país.

La decisión se produjo apenas un día después de que el embajador y su equipo sostuvieran una reunión en Managua con los cooperantes, en un encuentro de carácter informativo sobre los proyectos que desarrollan en Nicaragua.

Notificación exprés y salida inmediata

El viernes 23 de enero de 2026, Farré Salvá y Mahiques Núñez se reunieron con los representantes de las organizaciones españolas. El sábado por la noche, ambos diplomáticos recibieron una notificación oficial que les ordenaba salir inmediatamente del país, sin margen de negociación ni explicaciones públicas detalladas.

Los dos funcionarios ya se encuentran de regreso en España, mientras que los cooperantes expulsados fueron obligados a abandonar Nicaragua en los días siguientes.

Acusaciones ambiguas y sin sustento

Inicialmente, el régimen nicaragüense no ofreció ninguna explicación al Gobierno español. Posteriormente, alegó que el embajador se había “extralimitado en sus atribuciones” y había realizado “actividades incompatibles con su estatus diplomático”.

Sin embargo, no se ha presentado ningún señalamiento concreto ni prueba específica contra Farré Salvá o su equipo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España calificó la medida como injustificada, subrayando que reunirse con cooperantes y actores de la sociedad civil forma parte de las funciones normales de un embajador.

Más cooperantes de los inicialmente reportados

Aunque versiones iniciales apuntaban a la expulsión de cinco cooperantes, fuentes vinculadas a organizaciones españolas confirmaron que el número real de expulsados asciende a ocho, todos ellos involucrados en proyectos de desarrollo social y humanitario en Nicaragua.

La expulsión de cooperantes evidencia que la medida del régimen no se limitó a una sanción diplomática, sino que buscó golpear directamente a la cooperación internacional, uno de los sectores más vigilados y restringidos en los últimos años.

Silencio oficial en Managua

Ni Ortega ni Murillo, ni la Cancillería nicaragüense, ni los medios oficiales se han referido públicamente a la expulsión del embajador español, de su equipo diplomático ni de los cooperantes.

El silencio contrasta con la magnitud de la crisis diplomática abierta y refuerza la percepción de que el régimen opta por decisiones unilaterales sin rendición de cuentas, mientras evita cualquier debate público interno.

España responde con reciprocidad

Ante la expulsión de su embajador, el Gobierno español aplicó el principio de reciprocidad diplomática y ordenó la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Alberto Gelli, así como de otro funcionario diplomático nicaragüense.

La respuesta de Madrid dejó claro que no aceptaría una relación diplomática basada en expulsiones arbitrarias y acusaciones sin fundamento.

Una “irritación permanente” del régimen

El escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez atribuyó la expulsión a un estado de irritación permanente del régimen contra España, motivado por el respaldo del Gobierno español a exiliados nicaragüenses y a ciudadanos despojados de su nacionalidad.

Ramírez recordó que la tensión entre ambos países no es nueva y forma parte de una relación deteriorada desde hace años, marcada por la incomodidad del régimen ante países que han sido solidarios con la diáspora nicaragüense y críticos de la deriva autoritaria en Managua.

Sergio Farré Salvá es funcionario de la Carrera Diplomática desde 2005 y ha servido en misiones en África, Europa y América Latina. Nicaragua fue su primera experiencia como embajador, y también la más breve: solo tres semanas en el cargo.

El 2 de enero de 2026 presentó sus cartas credenciales ante el “cocanciller” nicaragüense Valdrack Jaentschke, y el 7 de enero fue oficialmente reconocido por Ortega y Murillo mediante un Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial, donde incluso se ordenaba respetar sus prerrogativas e inmunidades diplomáticas.

Reunirse no es un delito diplomático

De acuerdo con fuentes diplomáticas españolas, el encuentro con los cooperantes tuvo como único objetivo tender puentes y conocer el trabajo de las organizaciones, una práctica habitual y legítima dentro de las funciones de cualquier embajador.

“Es difícil que en un período tan corto haya podido cometer una falta tan grave como para justificar una expulsión”, coinciden diplomáticos españoles consultados.

Esta es la segunda vez en cuatro años que Nicaragua y España quedan sin representación diplomática plena. En 2021, el Gobierno de España llamó a consultas a su embajadora tras acusaciones de la Cancillería nicaragüense, y posteriormente el régimen impidió su regreso al país.

Desde entonces, los intentos por normalizar la relación han sido frágiles y discontinuos, marcados por retiradas, nombramientos fallidos y nuevos choques diplomáticos.

Cooperación bajo asedio

La expulsión de cooperantes españoles confirma una tendencia sostenida del régimen a cerrar espacios de cooperación internacional, especialmente aquellos vinculados a desarrollo comunitario, derechos humanos y acompañamiento social.

Más allá del impacto diplomático, la medida golpea directamente a comunidades vulnerables que dependían de estos proyectos, reforzando el aislamiento del país y la criminalización de toda presencia internacional independiente.

Un mensaje claro del poder

La expulsión del embajador, de su equipo y de los cooperantes deja un mensaje inequívoco: en Nicaragua, cualquier contacto fuera del control del régimen es tratado como una amenaza.

La diplomacia, la cooperación y el diálogo han sido reemplazados por la sospecha, el castigo y la expulsión.