¿Usted se imagina que hoy le notifiquen que debe empacar sus pertenencias porque será desalojado de su casa en los próximos días? Esta es la pesadilla que enfrentan al menos 30 familias que habitan en los alrededores del reparto El Carmen, en Managua.

Así lo denunció el Grupo de Expertos en su más reciente informe, Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan días de pánico y amplían su anillo de seguridad a costa de dejar a familias enteras sin sus hogares, sin indemnización y sin horizonte.

La medida tiene como fin asegurar la zona cercana al complejo presidencial, pero ha sido ejecutada de manera arbitraria y sin justificación legal, lo que la convierte en una violación a los derechos de los ciudadanos, incluyendo niños y ancianos.

La confiscación de estas viviendas en el reparto El Carmen, pretende dar más seguridad al matrimonio dictatorial, lo cual resulta imposible, los fantasmas de la persecución están en su propia cabeza.

Según fuentes cercanas al caso, el régimen ha confiscado las viviendas por bloques, notificando a las familias afectadas que deben empezar a organizar sus pertenencias, ya que pronto serán desalojadas, quedando en el limbo y sin hogar. Algunas de estas familias eran militantes sandinistas.

Wendy Morales y su papel en los desalojos

El Grupo de Expertos reveló que Wendy Morales, recientemente condecorada con la Orden Óscar Arnulfo Romero por defender derechos humanos, es quien legaliza las expropiaciones desde la Procuraduría General de la República, y es señalada como la encargada de administrar las propiedades confiscadas.

En una contradicción sin precedentes: Wendy Morales recibe distinciones por la supuesta defensa de derechos humanos; al mismo tiempo deja sin hogar a las familias y ofrenda sus propiedades a la dictadora.

El proceso de confiscación de propiedades está completamente controlado por el aparato del Estado, pasando sobre cualquier fallo judicial, Catastro, alcaldía y demás instituciones que antes protegían la propiedad privada.

El Grupo de Expertos ha denunciado que la confiscación de propiedades forma parte de un patrón sistemático de represión política en Nicaragua, donde las personas opositoras y aquellas percibidas como tales son despojadas de sus bienes sin un proceso judicial justo.