El Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua ha iniciado un plan para instalar cámaras de seguridad en hospitales del país, según informó Rosario Murillo, vocera del Frente Sandinista y figura central del régimen. La medida, según el oficialismo, busca garantizar mayor control en los accesos y prevenir incidentes como el robo de menores, un problema que en el pasado generó alarma social.

Murillo aseguró que ya se han colocado equipos de vigilancia en al menos diez hospitales y que está en marcha la incorporación de 130 cámaras adicionales en cuatro centros de salud más.

“Estamos avanzando para cubrir todos los hospitales con seguridad, a través de cámaras que nos garanticen que sabemos quiénes entran, quiénes salen, y evitar que se cometan delitos como conocimos en otros tiempos”, señaló la funcionaria en medios bajo control de su familia.

La decisión se enmarca en la respuesta a un caso ocurrido en mayo de 2024, cuando una menor fue sustraída del hospital Hilario Sánchez en Masaya. Tras ese incidente, la dictadura reforzó la narrativa de que la vigilancia tecnológica es clave para la seguridad hospitalaria.

Un sistema de salud bajo presión

Sin embargo, la instalación de cámaras ocurre en un contexto donde médicos y enfermeras enfrentan una sobrecarga laboral creciente. Nicaragua arrastra una grave falta de personal sanitario: la migración de médicos hacia otros países, los bajos salarios y la represión contra profesionales de la salud que en el pasado denunciaron carencias, han debilitado la capacidad de atención en hospitales y centros de salud.

Mientras el régimen prioriza la compra de equipos de vigilancia, hospitales públicos siguen operando con déficit de especialistas, largas jornadas de trabajo y recursos limitados. Pacientes han denunciado tiempos de espera de varias horas e incluso días para acceder a consultas y procedimientos básicos.

Utilización política del personal médico

El personal de salud no solo enfrenta condiciones precarias, sino también presión política. Desde las protestas de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha utilizado el aparato sanitario como un mecanismo de control: se han documentado despidos de médicos por atender a manifestantes heridos y la imposición de líneas partidarias dentro de hospitales.

Actualmente, trabajadores del sector señalan que, además de la sobrecarga de funciones, se les obliga a participar en actos políticos y actividades de proselitismo disfrazadas de brigadas médicas. Este control ha generado descontento, pero también temor a represalias dentro del gremio.

La decisión de instalar cámaras refleja la lógica del régimen de priorizar el control y la vigilancia por encima de la inversión en recursos humanos y materiales. Mientras Murillo insiste en que la medida es para “proteger a los pacientes”, el contexto evidencia un sistema de salud debilitado, donde médicos y enfermeras trabajan al límite, y donde la seguridad hospitalaria se aborda más como un mecanismo de control político que como una política integral de salud pública.