El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este jueves la cancelación definitiva del contrato de concesión para la explotación de recursos geotérmicos en la Planta Geotérmica Momotombo, ubicada en La Paz Centro, León, que operaba Momotombo Power Company (MPC), antes conocida como Ormat Momotombo Power Company.

La Procuraduría General de Justicia justificó la medida alegando supuestas “políticas de transparencia y combate frontal a la corrupción”, señalando a la empresa de incumplir inversiones y obras previstas para optimizar la generación de energía geotérmica. Según el Ministerio de Energía y Minas, la compañía no alcanzó el nivel de producción comprometido de 37-40 megavatios.

El comunicado oficial también acusa a los exfuncionarios sandinistas Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y Álvaro Antonio Baltodano Monroy —antiguos asesores en materia de inversiones del propio Ortega— de crear un entramado de unas 20 “sociedades de papel” en paraísos fiscales para lavar dinero y evadir impuestos.

Acusaciones de corrupción como herramienta para perseguir

Sin embargo, más allá del discurso anticorrupción, diversos analistas consideran que la confiscación de la planta es parte de una estrategia más amplia de purgas internas dentro del sandinismo. En los últimos meses, la dictadura ha impulsado leyes y reformas que refuerzan su control económico y político, utilizando acusaciones de corrupción como herramienta para despojar de poder y bienes a antiguos dirigentes que podrían convertirse en obstáculos para la consolidación del mando de Rosario Murillo y sus hijos en un eventual escenario sin Ortega.

Este patrón de persecución contra exaliados recuerda las recientes acciones contra otros históricos del Frente Sandinista, quienes han pasado de ser figuras clave en el aparato del régimen a blancos de procesos judiciales, confiscaciones y campañas de descrédito. Según expertos, las nuevas normativas aprobadas en la Asamblea Nacional han facilitado estos procesos, eliminando garantías legales y permitiendo que las incautaciones y destituciones se ejecuten de forma expedita, sin supervisión judicial independiente.

Con este movimiento, el régimen no solo se apropia de un activo estratégico de generación eléctrica, sino que envía un mensaje claro a su propia base: en el círculo de poder, la lealtad no es garantía de permanencia.