La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se detiene en las fronteras de Nicaragua. Así lo advierte la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que en su más reciente informe “Proyecciones Globales de Necesidades de Reasentamiento 2026” señala que al menos 16,000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica enfrentan un nivel de riesgo tan alto que requieren ser trasladados a terceros países donde puedan estar a salvo.

El informe, publicado esta semana, expone con claridad que la persecución transnacional —una práctica en la que regímenes autoritarios extienden su aparato represivo más allá de sus fronteras— se ha convertido en una amenaza concreta para las personas que huyeron de Nicaragua y buscaron protección en el país vecino. Según ACNUR, la proximidad geográfica entre Nicaragua y Costa Rica facilita que los exiliados continúen siendo blanco de vigilancia, amenazas y hasta ataques directos.

“La proximidad de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ha expuesto a los individuos a un alto riesgo de persecución transnacional”, sostiene el informe. “Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, se reportaron varios casos de persecución transnacional, incluyendo ataques armados contra refugiados”, advierte el organismo.

Aunque el documento señala que unas 19,300 personas refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica requieren reasentamiento, no desglosa la cifra por nacionalidad. Sin embargo, reportes previos del mismo ACNUR indican que el 83% de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica son de nacionalidad nicaragüense, lo que permite calcular que la gran mayoría de quienes se encuentran en esta situación crítica provienen del país centroamericano gobernado por Ortega.

Para ACNUR, el reasentamiento internacional representa la única vía viable de protección para estas personas. “El reasentamiento es un mecanismo crucial de protección en Costa Rica, particularmente a la luz de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua”, subraya el organismo.

Costa Rica bajo presión

El informe de ACNUR también pone en evidencia los límites de la protección que Costa Rica puede ofrecer, pese a ser el principal país de refugio para la diáspora nicaragüense desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018. El deterioro progresivo de la seguridad para los exiliados dentro del territorio costarricense, unido al silencio o la pasividad del gobierno de Rodrigo Chaves ante los ataques contra opositores nicaragüenses, ha generado preocupación entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

La comunidad internacional enfrenta ahora una urgencia humanitaria: proteger a quienes ya huyeron de una dictadura, pero no encuentran seguridad en el exilio inmediato. ACNUR ha hecho un llamado a los países de acogida a asumir su parte en la solución y abrir canales para el reasentamiento de estas miles de vidas en riesgo.