Las recientes reformas a la Constitución de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizan el control sobre los funcionarios públicos, colocando a cada trabajador estatal bajo un sistema de vigilancia y amenaza de sanción inmediata.

La modificación al artículo 118 ordena a todos los empleados del Estado “cumplir, preservar y defender” los principios de la Constitución y administrar los bienes públicos bajo la estricta supervisión del Ejecutivo. El incumplimiento, advierte el texto, será “causal inmediata y suficiente para su remoción”, además de abrir procesos administrativos, civiles y penales.

Con esta enmienda, el régimen no solo regula el manejo de los recursos estatales, sino que institucionaliza un régimen disciplinario para subordinar a toda la administración pública. Cada funcionario, electo o nombrado, queda expuesto a la vigilancia directa de la Presidencia y, en la práctica, a la voluntad de Rosario Murillo, quien ha centralizado la gestión del aparato burocrático.

Rosario Murillo como eje del nuevo orden

El rediseño constitucional ha tenido como eje la figura de Rosario Murillo, quien fue elevada a la categoría de “copresidenta” con iguales atribuciones que Daniel Ortega. Bajo esa fórmula, la vicepresidenta no solo ejerce poder político, sino que consolida su dominio sobre la administración pública y la vida interna del Estado.

La vigilancia sobre los funcionarios se convierte así en un mecanismo de fidelidad política, donde cualquier discrepancia o supuesta “mala administración” puede ser usada como pretexto para apartar o castigar a quienes no se alineen con las directrices del régimen.

La medida se suma a la cadena de reformas impulsadas desde 2024 que han anulado la independencia de poderes, eliminado contrapesos y transformado la Carta Magna en un instrumento para blindar el control absoluto del binomio Ortega-Murillo.

La cuarta reforma en dos años

Esta es la cuarta reforma constitucional en menos de dos años. Entre las anteriores se encuentran la institucionalización de la copresidencia, la extensión del mandato presidencial y la conversión de los símbolos partidarios del Frente Sandinista en emblemas oficiales del país. Todas ellas apuntan a la misma dirección: consolidar un Estado totalitario sin separación de poderes.

El Grupo de Expertos de la ONU para Nicaragua advirtió que estas modificaciones eliminan toda garantía de protección de derechos y convierten a los trabajadores del Estado en rehenes de un sistema político represivo. Organismos internacionales han señalado que la reforma constitucional profundiza la deriva autoritaria y entierra cualquier vestigio de Estado de derecho.

La reforma al artículo 118 refuerza el clima de vigilancia y control que ya impera en Nicaragua. Con cada cambio constitucional, Rosario Murillo fortalece su papel como centro de mando del régimen y convierte a la burocracia estatal en un engranaje disciplinado por el temor, asegurando que ninguna pieza del aparato público se mueva fuera de su órbita de poder.