El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo introdujo una reforma a la Ley No. 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. La modificación altera los artículos 11 y 47, cambiando de manera significativa la estructura de mando dentro de la institución policial.

Según el nuevo texto, la Jefatura Nacional de la Policía será ejercida por dos jefes, quienes serán nombrados directamente por la Presidencia de la República en su carácter de Jefatura Suprema. Estos cargos tendrán un período de seis años y deberán ser ocupados por comisionados o comisionadas generales seleccionados entre los miembros de la actual jefatura.

“La Constitución Política de la República de Nicaragua establece que la Presidencia de la República, en su calidad de jefatura suprema de la Policía Nacional, designa a dos jefes de las fuerzas policiales de la República de Nicaragua para ocupar el cargo por un periodo determinado”, señalan Ortega y Murillo en la exposición de motivos.

Francisco Díaz pierde mando exclusivo

Este cambio implica un golpe directo al poder de Francisco Díaz, consuegro de Ortega y hasta ahora jefe único de la institución. Díaz había consolidado su figura como el máximo responsable de la Policía, pero con la reforma pierde ese mando exclusivo, quedando obligado a compartir el poder con otra figura designada desde la Presidencia.

Analistas sostienen que la decisión responde a la estrategia de Rosario Murillo, quien busca ubicar a figuras de máxima confianza personal al frente de la institución encargada de la represión interna, sobre todo en un contexto en el que la Policía ha sido señalada por graves violaciones a los derechos humanos desde 2018.

Murillo asegura control absoluto sobre la institución Policial

La reforma, más que un simple ajuste administrativo, revela la desconfianza dentro del círculo de poder del orteguismo y la intención de Murillo de garantizarse un mayor control operativo de la represión frente a posibles escenarios de crisis política.

Con esta medida, la dictadura no solo centraliza aún más el poder en la pareja gobernante, sino que también abre la puerta a pugnas internas dentro de la Policía Nacional, una institución que, bajo el mando de Díaz, había funcionado como brazo represivo incondicional del régimen.