Tras la confirmación de la traición desde las filas militares, la co-dictadora Rosario Murillo ha iniciado una nueva jornada de purgas dentro del Ejército de Nicaragua. Estos movimientos, lejos de ser aleatorios, se perciben como una secuencia de hecho ante al encarcelamiento del General en retiro Álvaro Baltodano Cantarero y Aníbal Rivas Reed, ambos con vínculos de amistad con militares activos.

Este 2 de julio de 2025 se llevó a cabo un traspaso de mando en la Secretaría General del Ejército, oficialmente justificado como un "proceso ordinario". El General de Brigada Lester Vidal Gallo Sandoval, quien hasta julio de 2017 fue Jefe de Auditoría General y ascendido en septiembre de 2023, entregó su cargo al Coronel de Infantería Lester Joaquín Cuadra López. En la misma ceremonia, Avilés nombró a Gallo Sandoval como jefe de la Dirección de Educación Patriótica del Ejército de Nicaragua.

Los cambios en la cúpula militar son evidentes.

Sin embargo, las purgas van más allá de los movimientos en los altos mandos. Se han develado detenciones de militares activos, como la de José Peralta Jarquín, jefe de la DID (Dirección de Inteligencia y Defensa) en Matagalpa. Peralta Jarquín fue capturado a finales de mayo, supuestamente por mantener una amistad con el General en retiro Álvaro Baltodano.

La persecución de la DID ha generado un ambiente de desconfianza generalizada dentro de la institución, donde cualquier comentario puede ser malinterpretado y el control y espionaje son el pan de cada día. "Nadie confía en nadie".

Mientras las purgas avanzan, el Ejército se capitaliza y Nicaragua se endeuda Banco de Desarrollo de la República de Belarús. La asamblea a adquirido un préstamo de 25.5 millones. El discurso oficial presenta este préstamo como una "inversión para adquirir maquinaria y vehículos que mejorarán la capacidad de respuesta ante emergencias".

El financiamiento está destinado al "Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades de Movilización del Ejército de Nicaragua" y, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permitirá la adquisición de 205 vehículos (camiones todo terreno, volquetes y cisternas) y 29 máquinas de construcción (excavadoras, cargadores y tractores), además de repuestos.

Oficialmente, estos equipos tienen como objetivo fortalecer la capacidad del ejército para responder de forma más ágil a desastres naturales, apoyar rescates, vigilar zonas protegidas y combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas en áreas rurales.

No obstante, el argumento de la lucha contra el narcotráfico carece de credibilidad para la oposición y diversos sectores de la sociedad civil. Lejos de ser un apoyo para la población en caso de desastres, la sospecha generalizada es que esta inversión masiva en equipamiento busca fortalecer las tareas de control y vigilancia internas del régimen, en un contexto de creciente represión y descontento social. Salta a la vista que esto recursos realmente no beneficiarán al pueblo, solo servirán para consolidar el poder de la dictadura.