La Procuraduría General de Justicia, convertida en una máquina confiscatoria del régimen Ortega-Murillo, ha ejecutado una nueva expropiación masiva que envía un mensaje de intimidación a toda la ciudadanía: nadie en Nicaragua está a salvo de perder su patrimonio.

De acuerdo con un decreto publicado en La Gaceta, el Estado declaró de “utilidad pública” 176.73 hectáreas de la comarca San Isidro, en el municipio de El Realejo, Chinandega. El documento ordena el desalojo y la entrega de las tierras a la Empresa Portuaria Nacional para la ampliación y modernización del Centro Logístico Julia Herrera de Pomares.

Un proyecto que el régimen justifica como parte de su estrategia para “posicionar a Nicaragua en la cadena de comercio y logística internacional”. Con esta decisión, 12 familias han sido despojadas de sus propiedades, sin que se mencione compensación justa ni proceso legal transparente.

Un modelo de despojo bajo el paraguas de “utilidad pública”

Analistas advierten que esta acción confirma un patrón peligroso: bajo el argumento de “utilidad pública”, el régimen puede confiscar cualquier terreno o bien privado, sin previo aviso y sin resarcir a los propietarios.

“Lo que está ocurriendo en El Realejo no es un simple proceso de expropiación, es un mecanismo de intimidación para demostrar que la propiedad privada en Nicaragua depende de la voluntad del poder”, señalan críticos del régimen.

La Procuraduría, un brazo de represión

La Procuraduría, creada en agosto y presentada por Rosario Murillo como parte de una supuesta “guerra contra la corrupción”, ha sido catalogada por opositores como una herramienta más de persecución política. Su verdadero objetivo, según los analistas, no es la lucha contra la corrupción, sino castigar a sectores incómodos, purgar a figuras internas del sandinismo y apropiarse de recursos estratégicos.

La expropiación en El Realejo confirma que la Procuraduría se ha convertido en la nueva máquina confiscatoria del orteguismo, consolidando un sistema en el que la ley no protege a los ciudadanos, sino que funciona como un arma para reforzar el control político y económico de la pareja dictatorial.