El exasesor presidencial, aliado histórico de Ortega, se niega a responder a los señalamientos de la PGR; su círculo cercano ya ha sido interrogado y uno de sus hombres de confianza permanece detenido.

La Procuraduría General de la República PGR informó este 30 de julio que el asesor presidencial en Asuntos Económicos, Bayardo Arce Castaño, ha sido citado en dos ocasiones para rendir cuentas sobre supuestas “transacciones y negociaciones” realizadas desde sus oficinas, que, según el comunicado oficial, no cumplen con lo establecido en el marco legal nicaragüense.

Según la PGR, Arce ha ignorado las solicitudes oficiales y se ha negado a presentar la documentación requerida, desconociendo la autoridad constitucional del Estado. La institución advierte que esta actitud podría derivar en un proceso judicial en su contra por incumplimiento de sus deberes ciudadanos.

En el documento oficial, se recalca que “es deber de todo ciudadano respetar la Constitución y las instituciones establecidas para velar por los derechos, deberes y bienes de Nicaragua”, y que incumplir estas obligaciones puede constituir un delito grave.

Como parte de la investigación, la PGR también citó a Ricardo Bonilla, asistente ejecutivo de Arce y colaborador suyo por más de 30 años. Bonilla fue detenido la noche del sábado 26 de julio tras negarse a colaborar con las indagaciones. Actualmente se encuentra bajo custodia del Sistema Penitenciario Nacional y está siendo interrogado, según confirmó la misma Procuraduría.

Esa misma noche, la Policía Nacional retiró la escolta policial asignada a Arce y desalojó al personal de seguridad privada en sus oficinas del reparto El Carmen, las cuales quedaron bajo vigilancia policial.

El ocaso de un histórico del FSLN

Bayardo Arce fue uno de los miembros de la Dirección Nacional histórica del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y asesor presidencial desde 2007. Aunque formalmente mantenía su cargo, había sido relegado de funciones y enfocado en actividades privadas desde hace varios años.

En octubre de 2023, Rosario Murillo ordenó su remoción como responsable partidario del FSLN en la Corte Suprema de Justicia, función que ejercía desde 1997, siendo sustituido por Fidel Moreno. Fuentes cercanas al caso indican que también fueron citados Ajax Delgado, socio comercial de Arce, y su hermano, el exmagistrado Gerardo Arce, quienes fueron interrogados y posteriormente liberados.

De confirmarse su procesamiento, Bayardo Arce se convertiría en el tercer exintegrante de la Dirección Nacional del FSLN en ser sometido a un régimen de arresto domiciliario o persecución directa por el propio régimen que ayudaron a construir. Antes que él, ya habían sido apartados Henry Ruiz (“Modesto”) y Humberto Ortega, este último fallecido en 2024 mientras se encontraba bajo vigilancia domiciliaria por criticar la sucesión dinástica de Ortega hacia Murillo.

De defensor del régimen a blanco del poder

Durante más de una década, Arce fue una figura clave en las relaciones entre el Gobierno de Ortega y el sector empresarial, especialmente en el área económica. También defendió públicamente al régimen en momentos críticos, como cuando EE. UU. sancionó por corrupción a altos funcionarios del CSE o durante la brutal represión de las protestas de 2018.

Pese a ello, en espacios privados y algunas intervenciones públicas, Arce mostró discrepancias. En abril de 2018 calificó como un error la reforma al INSS sin consenso, y en 2019 reconoció que en Nicaragua no debía haber presos políticos.

Sancionado por la Unión Europea y señalado en una investigación judicial en España por presunta corrupción vinculada a licitaciones de proyectos, el círculo se ha cerrado sobre Bayardo Arce, quien hasta hace poco era intocable dentro del aparato sandinista.