Ortega y Murillo retrasan la Constitución chayista ante la presión de la OEA
La dictadura trasladó al 21 de septiembre la aprobación de las reformas a la Constitución Política, apenas cuatro días después de la reunión de cancilleres convocada para abordar la crisis de Nicaragua.
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DaríoMedios Internacional
9/1/20264 min read
El movimiento ocurre en medio de una creciente presión internacional sobre Managua y, particularmente, después de la convocatoria de una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis nicaragüense.
La fecha prevista para ese encuentro es el 17 de septiembre.
Es decir, la dictadura pretende llevar sus reformas al pleno apenas cuatro días después de que los cancilleres del continente discutan precisamente el rumbo que ha tomado Nicaragua bajo Ortega y Murillo.
La coincidencia no prueba por sí misma que una decisión dependa de la otra, pero políticamente resulta demasiado significativa como para pasarla por alto.
¿Está esperando la dictadura a conocer hasta dónde llegará la presión continental antes de terminar de coser su Constitución chayista a la medida de los dictadores?
El blindaje que Ortega y Murillo quieren convertir en norma
Las reformas impulsadas por el régimen no representan un simple retoque administrativo de la Carta Magna.
El paquete constitucional profundiza la concentración del poder alrededor de la figura de Ortega y Murillo, modifica la estructura institucional del Estado y consolida el modelo de copresidencia impuesto por la pareja dictatorial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los cambios profundizan la concentración del poder y favorecen la permanencia indefinida de los gobernantes.
La reforma también contempla disposiciones destinadas a reforzar la posición del régimen frente a sanciones y disposiciones extranjeras.
En la práctica, Ortega y Murillo buscan construir desde Managua una especie de fortaleza jurídica propia, convencidos de que cambiar las reglas dentro del país puede protegerlos de las consecuencias que llegan desde fuera.
Pero una Constitución aprobada por una Asamblea Nacional controlada por la propia dictadura no convierte automáticamente sus disposiciones en legítimas ante la comunidad internacional.
Puede convertirlas en ley dentro del aparato institucional que controla el régimen, no necesariamente en aceptación internacional.
Y mientras tanto, la OEA vuelve a mirar hacia Managua
La reunión de cancilleres coloca nuevamente a Nicaragua bajo los reflectores del continente.
La convocatoria fue aprobada con 29 votos en el Consejo Permanente de la OEA, después de que el régimen intensificara su cierre político y Ortega afirmara que en Nicaragua no volverían a existir elecciones en los términos conocidos hasta ahora.
El encuentro busca discutir la situación del país y las posibles acciones frente al deterioro democrático y la crisis de derechos humanos.
La salida de Nicaragua de la OEA tampoco ha conseguido borrar al país de la agenda regional.
Ortega puede haber sacado a Nicaragua del organismo.
Lo que no puede hacer es sacar a Nicaragua de la conversación de los gobiernos americanos.
Y esa es precisamente la parte incómoda.
McFields: Washington podría llegar con artillería política
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, ha advertido que la reunión podría adquirir un peso todavía mayor dependiendo de quién represente a Estados Unidos.
En declaraciones al programa Contra Relato, McFields señaló que Washington podría estar representado por el secretario de Estado Marco Rubio o por el subsecretario de Estado Christopher Landau.
La presencia de cualquiera de los dos elevaría el nivel político de la discusión.
Para Ortega y Murillo, el problema sería mayor que una nueva condena diplomática.
Tendrían frente a ellos a representantes de una administración estadounidense que ha colocado la seguridad hemisférica, las redes criminales transnacionales y los regímenes autoritarios de la región dentro de una agenda de presión mucho más amplia.
Y Nicaragua vuelve a aparecer en ese tablero.
La dictadura dice tener el control
El oficialismo intenta transmitir que las decisiones de la OEA no tienen importancia porque Nicaragua ya no pertenece al organismo.
Es una narrativa cómoda, pero los hechos cuentan otra historia.
Mientras el régimen insiste en que nada puede afectarlo, los gobiernos del continente continúan discutiendo la situación nicaragüense y explorando mecanismos de presión.
Por eso, el discurso de invulnerabilidad comienza a parecer cada vez más una puesta en escena.
¿Por qué mover la fecha ahora?
Aquí aparece la pregunta que Ortega y Murillo no responden.
Si el régimen estaba decidido a aprobar las reformas, ¿por qué volver a mover el calendario precisamente cuando se aproxima una reunión continental dedicada a Nicaragua?
Puede tratarse simplemente de una modificación del procedimiento legislativo.
También puede responder a cálculos políticos internos.
Pero la coincidencia temporal deja abierta otra posibilidad: que la dictadura quiera observar primero el alcance de la presión internacional antes de terminar de cerrar su nuevo entramado constitucional.
Lo que sí está claro es que Ortega y Murillo están intentando blindarse.
Y mientras más intentan blindarse, más evidente resulta que saben que existe algo de lo que necesitan protegerse.
Paredes de papel frente a la presión internacional
La llamada Constitución chayista pretende presentar como normal lo que en realidad es la consolidación de un modelo político diseñado alrededor de dos personas.
Ortega y Murillo buscan convertir su permanencia en una estructura institucional.
Pero ningún texto constitucional puede borrar las denuncias de represión, encarcelamiento, exilio y persecución política acumuladas durante años.
Tampoco puede impedir que otros Estados decidan aumentar la presión.
El 17 de septiembre, si se confirma la reunión en esa fecha, los cancilleres tendrán la oportunidad de discutir qué hacer frente al régimen.
El 21, Ortega y Murillo pretenden avanzar con la aprobación de sus reformas.
La secuencia es reveladora.
Primero el continente discute cómo responder a la dictadura. Después la dictadura pretende terminar de escribir las reglas para blindarse de esa respuesta.
Ortega y Murillo pueden levantar todos los muros jurídicos que quieran.
Pueden cambiar artículos, inventar nuevas figuras institucionales y convertir su permanencia en mandato constitucional.
Pero hay algo que una Constitución chayista no puede garantizarles:
que el resto del continente acepte como legítimo un régimen que utiliza el Estado para perpetuarse en el poder.
