Ortega y Murillo intentan blindarse ante la tormenta internacional
La dictadura Ortega-Murillo intenta blindarse desde la Constitución ante nuevas sanciones y medidas internacionales que amenazan con golpear su estructura de poder.
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DaríoMedios Internacional
8/23/20265 min read


Acorralada por la creciente presión internacional y con Estados Unidos endureciendo las herramientas económicas y políticas contra el régimen, la dictadura Ortega-Murillo ordenó a la Asamblea Sandinista modificar la Constitución para intentar impedir que sanciones, leyes o medidas internacionales puedan ejecutarse dentro de Nicaragua. La maniobra también deja al descubierto la preocupación de la pareja dictatorial ante posibles escenarios de mayor presión, incluidos aquellos que puedan afectar directamente a su estructura de poder.
La dictadura Ortega-Murillo vuelve a levantar un muro jurídico alrededor de su estructura de poder. Esta vez, el régimen ordenó a la Asamblea Sandinista incorporar un nuevo agregado a la reforma del artículo 12 de la Constitución Política de Nicaragua, en un intento por impedir que disposiciones internacionales puedan aplicarse dentro del país cuando sean consideradas contrarias a los intereses de la dictadura.
La modificación ocurre mientras el régimen enfrenta múltiples frentes internacionales y Estados Unidos continúa impulsando nuevas herramientas para aumentar la presión económica y política contra funcionarios, instituciones y estructuras vinculadas al poder Ortega-Murillo.
El movimiento tiene una lectura política evidente: la dictadura está intentando adelantarse a las consecuencias de las medidas que podrían venir.
La Asamblea Sandinista recibe una nueva orden de la dictadura
El nuevo agregado fue llevado a la reforma constitucional por disposición de la cúpula Ortega-Murillo y busca establecer una barrera frente a cualquier legislación, sanción o medida extranjera que pretenda ejecutarse dentro del territorio nicaragüense.
La dictadura pretende utilizar el argumento de la soberanía nacional para rechazar cualquier acción internacional que pueda afectar sus intereses económicos, políticos o institucionales.
Pero la maniobra ocurre en un momento especialmente significativo.
Estados Unidos mantiene abierta una ofensiva contra el régimen y en Washington continúan discutiéndose nuevas medidas dirigidas contra funcionarios y estructuras económicas vinculadas a la dictadura.
Por eso, la pregunta resulta inevitable:
¿Por qué Ortega y Murillo necesitan ahora un blindaje constitucional contra las decisiones internacionales?
Porras confirma que la orden vino de la cúpula Ortega-Murillo
El presidente de la Asamblea Sandinista, Gustavo Porras, confirmó que el nuevo agregado fue incorporado al proceso de reforma constitucional por instrucciones de la pareja dictatorial.
El carácter urgente con el que el régimen está impulsando la modificación evidencia la importancia que Ortega y Murillo conceden al escenario internacional.
La dictadura no solamente intenta responder a las sanciones que ya existen.
También busca preparar el terreno ante nuevas medidas que podrían afectar a funcionarios, instituciones y estructuras económicas relacionadas con su aparato de poder.
El régimen teme nuevas sanciones económicas
Uno de los principales escenarios que preocupa a la dictadura es la posibilidad de una ampliación de las sanciones económicas impulsadas desde Estados Unidos.
Las nuevas iniciativas que se discuten en Washington podrían alcanzar a funcionarios y estructuras vinculadas al régimen, incluyendo sectores relacionados con el Ejército Sandinista y otros operadores del aparato estatal.
Para analistas consultados por DaríoMedios, el nuevo blindaje constitucional podría estar dirigido precisamente a intentar impedir que las entidades financieras y empresas que operan dentro de Nicaragua acaten determinadas sanciones internacionales.
La intención sería obligar a las instituciones nacionales a continuar operando con personas o entidades que eventualmente sean sancionadas desde el extranjero.
Pero existe un obstáculo fundamental para la dictadura: una ley nicaragüense no puede impedir que Estados Unidos aplique sus propias sanciones dentro de su jurisdicción ni puede obligar a un banco internacional a incumplir las leyes del país donde opera.
El verdadero temor: que la presión llegue hasta la cúpula
Más allá del componente económico, existe otro elemento que resulta todavía más revelador.
La reforma constitucional también contempla una defensa frente a acciones internacionales que puedan involucrar el uso de la fuerza.
El régimen Ortega-Murillo lleva años utilizando la “soberanía” como argumento para rechazar cualquier presión externa. Sin embargo, que ahora intente incorporar este tipo de protección directamente a la Constitución vuelve a colocar sobre la mesa una posibilidad que parece generar especial preocupación en la cúpula dictatorial.
¿Teme Ortega-Murillo una acción internacional que pueda terminar directamente contra ellos?
Una eventual operación militar, intervención o extracción de miembros de la cúpula no podría ser detenida mediante una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Sandinista.
La Constitución puede establecer lo que la dictadura considera legal dentro de Nicaragua.
Lo que no puede hacer es controlar las decisiones soberanas de otros Estados.
Un blindaje contra una tormenta que viene desde varios frentes
La modificación constitucional ocurre mientras la dictadura enfrenta una acumulación de presiones internacionales.
Estados Unidos mantiene abiertas distintas vías de presión económica y política. El Congreso estadounidense continúa impulsando iniciativas para ampliar las sanciones. También se discuten medidas comerciales que podrían afectar los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR.
A esto se suma la presión diplomática internacional y el creciente escrutinio sobre las estructuras económicas que sostienen al régimen.
Es decir, Ortega y Murillo no están reaccionando ante un solo problema.
Están intentando blindarse ante varios frentes simultáneos.
La “injerencia extranjera” como escudo político
La dictadura pretende presentar la reforma como una defensa de Nicaragua frente a la llamada “injerencia extranjera”.
Sin embargo, el contexto revela otra realidad.
El régimen está intentando establecer barreras jurídicas precisamente cuando aumenta la posibilidad de nuevas sanciones y medidas internacionales contra sus funcionarios y estructuras económicas.
La Constitución sería utilizada, así como un escudo interno frente a decisiones tomadas fuera del país.
Pero una disposición aprobada por la Asamblea Sandinista no puede anular las leyes estadounidenses ni las decisiones de otros gobiernos.
Tampoco puede impedir que bancos internacionales corten relaciones con personas sancionadas o que empresas extranjeras cumplan con las leyes de sus respectivas jurisdicciones.
Ortega y Murillo intentan cerrar todas las puertas
La reforma constitucional demuestra que la dictadura está intentando controlar todos los escenarios posibles.
Busca protegerse de las sanciones económicas, impedir que determinadas medidas extranjeras sean ejecutadas dentro de Nicaragua y reforzar su discurso de soberanía frente a posibles acciones internacionales.
Pero, paradójicamente, ese esfuerzo de blindaje también deja expuesto el nivel de preocupación que existe dentro de la cúpula.
Una dictadura que se siente completamente segura de su posición no necesita modificar aceleradamente su Constitución para intentar protegerse de escenarios externos.
Ortega y Murillo parecen estar calculando qué puede ocurrir si la presión internacional continúa aumentando.
La tormenta ya llegó a las puertas del régimen
La Asamblea Sandinista puede aprobar nuevas disposiciones constitucionales. La dictadura puede declarar ilegítimas las sanciones extranjeras y ordenar a las instituciones nacionales que no las ejecuten.
Pero ninguna de esas decisiones puede controlar lo que ocurre fuera de Nicaragua.
Estados Unidos puede continuar sancionando, los bancos internacionales pueden tomar decisiones, las empresas pueden evaluar sus riesgos y otros gobiernos pueden adoptar nuevas medidas contra la dictadura.



