La Asamblea Nacional, bajo control absoluto del sandinismo, aprobó en primera legislatura una polémica reforma constitucional que borra del mapa al Ministerio Público y da vida a una nueva institución: la Procuraduría General de Justicia. Esta entidad absorberá las funciones de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía, centralizando en un solo órgano la representación legal del Estado y la acusación penal en los tribunales.

El cambio, impulsado directamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se presenta como una herramienta para “combatir la corrupción”, pero expertos advierten que en realidad abre la puerta a una persecución más directa contra opositores y críticos del régimen.

Según la exposición de motivos, la Procuraduría General de Justicia estará compuesta por los órganos de la PGR, el Ministerio Público y cualquier otra institución con funciones similares, con el fin de “garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüense”.

La Fiscalía queda eliminada de la Constitución

La reforma modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Carta Magna, eliminando toda referencia al Ministerio Público. El renovado artículo 159 concentra en la Procuraduría la defensa de los intereses del Estado, la persecución de delitos comunes y la función acusadora, “combatiendo con contundencia todas las formas de despojo de las conquistas de la revolución”.

El nuevo texto también faculta a la Procuraduría a “identificar, perseguir y procesar a todo responsable de actos lesivos al patrimonio económico, natural, cultural, material, político y jurídico del pueblo nicaragüense, que es el Estado mismo”, prohibiendo el “encubrimiento de intereses ajenos” que faciliten el robo o saqueo.

En la práctica, el artículo 160 desaparece casi por completo, quedando reducido a un solo párrafo: el procurador general de justicia será nombrado directamente por la Presidencia. De paso, se elimina la facultad de la Asamblea Nacional para designar al fiscal general y su adjunto.

“Centralización total del poder”

La abogada constitucionalista Azhálea Solís consideró que esta reforma profundiza la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo. “Ya tenían ese control, pero ahora subordinan más claramente todo a la Presidencia y desaparecen, en la práctica, a la Fiscalía General de la República”, afirmó.

Solís advirtió que, aunque el discurso oficial habla de combatir la corrupción, la medida podría usarse como una herramienta más para criminalizar a opositores. “La figura de ‘menoscabo a la integridad nacional’ no es del conocimiento general, pero la corrupción es ampliamente reconocida y conlleva un fuerte rechazo social. El régimen quiere usarla a su favor para perseguir disidentes”, explicó.

La jurista fue tajante: “Están haciendo una ley para ellos mismos, porque la corrupción tiene la cara y las manos de ellos. Es el accionar de la dictadura y, concretamente, de la familia Ortega-Murillo, que es esencialmente corrupta”.