Ortega y Murillo eliminan el sigilo bancario y avanzan hacia el control total del dinero de los nicaragüenses
La medida llega en medio de una creciente presión de Estados Unidos y despierta temores sobre una mayor vigilancia financiera contra ciudadanos, empresas y organizaciones.
ESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
6/17/20264 min read
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa ampliando su estructura de control sobre la sociedad nicaragüense. Esta vez, el régimen impulsó reformas a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como modificaciones al Código Penal, medidas que para diversos analistas representan un duro golpe al sigilo bancario y a la privacidad financiera de los ciudadanos.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo y se suma a otra polémica decisión tomada recientemente por el régimen: la creación de mecanismos para administrar y rematar propiedades confiscadas a opositores, empresarios, medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Para expertos consultados por medios independientes, ambas medidas forman parte de una misma estrategia política y económica.
“Estas dos estrategias del régimen ocurren en un contexto de extrema presión por parte de Estados Unidos”, explicó el analista Carlos Díaz.
¿Qué cambia con la reforma?
Aunque el régimen sostiene que los cambios buscan fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, especialistas consideran que las modificaciones podrían otorgar a las instituciones estatales un acceso mucho más amplio a información financiera de ciudadanos, empresas y organizaciones.
La principal preocupación es que las entidades bancarias y financieras puedan verse obligadas a compartir información que históricamente estaba protegida por el principio de confidencialidad bancaria.
Esto implicaría que el Estado tendría mayores capacidades para rastrear movimientos financieros, cuentas bancarias, transferencias, activos, inversiones y otras operaciones económicas realizadas dentro del país.
Para muchos ciudadanos, la medida representa un nuevo paso en la consolidación de un modelo de vigilancia cada vez más invasivo.
El objetivo: controlar hasta el último córdoba
La reacción en redes sociales no se hizo esperar.
Numerosos usuarios expresaron temor ante lo que consideran una nueva herramienta de espionaje económico impulsada por la dictadura.
“Se creen omnipresentes para controlar cada peso de los nicaragüenses”, escribió un usuario en redes sociales, reflejando el sentir de muchos ciudadanos preocupados por el alcance de las reformas.
Analistas consideran que el régimen no solo busca conocer el origen y destino de grandes cantidades de dinero, sino también ampliar su capacidad para monitorear las actividades económicas de amplios sectores de la población.
Según Díaz, las reformas podrían utilizarse para aumentar los controles sobre organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, empresas privadas e incluso trabajadores del propio Estado.
“El régimen buscará realizar auditorías extremas incluso para controlar a sus propios trabajadores públicos. Esto va para todos”, afirmó.
Más control sobre ONG y organizaciones
La eliminación de espacios de confidencialidad financiera también ocurre después de años de persecución contra organizaciones civiles, fundaciones, asociaciones religiosas y organismos de cooperación internacional.
Miles de ONG han sido canceladas por la dictadura desde 2018 y muchas de ellas fueron acusadas de supuestas irregularidades financieras.
Con las nuevas reformas, especialistas consideran que el régimen contará con mayores herramientas para supervisar los movimientos económicos de cualquier organización que permanezca operando dentro del país.
La obligación de declarar beneficiarios finales y revelar estructuras de propiedad podría convertirse en una nueva herramienta de control político, según advierten críticos del régimen.
Una explicación que no convence
Durante la presentación de las reformas, el diputado sandinista Wilfredo Navarro intentó justificar los cambios asegurando que forman parte del fortalecimiento del marco jurídico nacional.
“Esto es para fortalecer nuestro marco jurídico. En ese contexto, las presentes reformas muestran actos contra el terrorismo. Asimismo, esto es para garantizar la transparencia de las personas jurídicas y que declaren a su beneficiario final”, expresó el legislador oficialista.
Sin embargo, las explicaciones no han logrado disipar las dudas sobre el verdadero alcance de las reformas.
Diversos sectores consideran que la medida va mucho más allá del combate al lavado de dinero y responde a una lógica de concentración de poder e información en manos del Estado.
La presión de Washington en el trasfondo
Las reformas también llegan en un momento particularmente delicado para el régimen Ortega-Murillo.
Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha endurecido su postura contra la dictadura, imponiendo restricciones migratorias a más de un centenar de funcionarios sandinistas y sus familiares.
Además, continúan las advertencias sobre nuevas sanciones económicas y medidas dirigidas contra operadores financieros y estructuras vinculadas al régimen.
Para algunos observadores, la decisión de reforzar el control sobre los movimientos económicos internos podría estar relacionada con el temor de la dictadura a futuras presiones internacionales.
¿Podrá controlarlo todo?
La combinación entre el fin del sigilo bancario, el incremento de las facultades de supervisión financiera y la reciente decisión de rematar propiedades confiscadas ha despertado inquietud dentro y fuera de Nicaragua.
Para los críticos del régimen, ambas medidas reflejan una misma intención: concentrar información, recursos y control en manos de la estructura gobernante.
Mientras la dictadura insiste en que se trata de reformas técnicas y necesarias para combatir delitos financieros, crece la preocupación de que el verdadero objetivo sea construir un sistema capaz de vigilar no solo la actividad política de los ciudadanos, sino también su vida económica.
La pregunta que muchos se hacen ahora es si Ortega y Murillo realmente aspiran a conocer cada movimiento financiero de los nicaragüenses, desde las grandes transacciones empresariales hasta las compras más cotidianas.
Y, sobre todo, si este nuevo mecanismo de vigilancia financiera es una medida preventiva frente a los desafíos que enfrenta una dictadura cada vez más aislada y presionada por la comunidad internacional.
