El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetió este martes contra la política migratoria de Estados Unidos, exigiendo a la ONU detener lo que calificaron como una ola de “odio racial” promovida por la administración de Donald Trump contra migrantes irregulares.

La acusación se da en momentos en que el propio régimen continúa despojando de nacionalidad y prohibiendo el retorno a decenas de nicaragüenses críticos al poder y ante el organismo internacional que el mismo dictador Ortega, ha descalificado en reiteradas ocasiones y hasta ha pedido su disolución.

En una declaración oficial, el Gobierno sandinista sostuvo que en EE. UU. “se separa a padres y madres de sus hijos”, lo que comparó con “una práctica fascista al estilo hitleriano”, al tiempo que pidió a la ONU una “acción inmediata” para frenar lo que denomina “la monstruosa política de separación de las familias”.

La crítica no pasó desapercibida por organizaciones defensoras de derechos humanos, que recordaron que el mismo régimen de Ortega y Murillo ha expulsado o impedido el regreso de cientos de ciudadanos, entre ellos periodistas, sacerdotes, activistas y opositores, cuyas familias también han sido fracturadas.

Dictadores se respaldan ante organismos internacionales

En su mensaje del 1 de julio, el régimen también respaldó una denuncia del gobierno de Nicolás Maduro sobre la supuesta “persecución maligna” contra migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Según la nota oficial, los migrantes “han llegado alentados por la propaganda estadounidense, pero perseguidos por la pobreza que ese mismo país ha impuesto en nuestras naciones”.

Ortega, quien en junio ya había comparado las redadas migratorias en EE.UU con las acciones del régimen nazi contra los judíos, prometió seguir recibiendo a los nicaragüenses deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado que muchos de esos retornados son posteriormente vigilados, acosados o reubicados en condiciones precarias.

Mientras se presenta como defensor de los migrantes nicaragüenses ante la comunidad internacional, la dictadura de Ortega mantiene una política de expulsión, criminalización y castigo contra sus propios ciudadanos. Las declaraciones del 1 de julio evidencian, una vez más, la contradicción entre el discurso oficialista y la realidad represiva que vive Nicaragua.

Realidad migratoria y represión

Solo en lo que va de 2025, Estados Unidos ha deportado a 2,181 nicaragüenses en 19 vuelos, según cifras oficiales. El vuelo más reciente, un C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, aterrizó el 29 de junio en Managua con 45 personas a bordo. Las imágenes del avión militar causaron impacto en redes sociales y en medios internacionales.

Estas deportaciones se producen en el contexto de una política más dura del presidente Trump, quien ha logrado que el Tribunal Supremo autorice la eliminación del Parole Humanitario para más de 500,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, previamente beneficiados durante la administración de Joe Biden.

Desde el estallido social de abril de 2018, Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por el Estado, dejando al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos independientes elevan esa cifra a más de 680. Desde entonces, el régimen ha cerrado medios de comunicación, cancelado universidades, perseguido a religiosos y forzado al exilio a miles de ciudadanos.