En un nuevo paso hacia la concentración absoluta del poder, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua impuso por ley el dominio total sobre una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país, declarando esa zona como propiedad del Estado. La legislación, aprobada sin debate ni consulta pública, ha sido calificada por expertos como una medida abiertamente confiscatoria.

La norma crea lo que denomina una “zona de control especial”, en la que el Ejército de Nicaragua asumirá competencias plenas. La ley otorga al estamento militar no solo la facultad de vigilancia, sino también el poder de administración sobre los terrenos, lo que ha generado inquietud sobre la posibilidad de que se estén transfiriendo bienes y atribuciones a la institución castrense como parte de un pacto de lealtad interna con el régimen.

Incertidumbre jurídica para propietarios

Uno de los impactos más inmediatos es la situación de miles de personas que poseen tierras, negocios, fincas o proyectos productivos dentro de esta franja fronteriza. Aunque el gobierno ha intentado minimizar los efectos al asegurar que no se trata de expropiaciones, juristas advierten que la redacción de la ley deja abierta la posibilidad de que el Estado reclame esos territorios sin necesidad de indemnización previa ni procedimiento judicial.

“El mensaje es claro: si tu propiedad está dentro de esos 15 kilómetros, ya no es tuya. Es del Estado”, advirtió un abogado especialista en derecho agrario consultado bajo condición de anonimato.

¿Camino libre para inversiones extranjeras?

Más allá del control territorial, analistas sostienen que la ley también podría estar diseñada para facilitar concesiones a empresas extranjeras, particularmente en sectores como la minería, el gas y la extracción de agua. Algunas fuentes apuntan a un creciente interés de capitales chinos en zonas cercanas a la frontera sur, en áreas que hasta ahora estaban protegidas por leyes ambientales o limitaciones de uso de suelo.

La derogación de una ley previa de 2010, que regulaba las actividades fronterizas de forma menos agresiva, refuerza la sospecha de que esta nueva legislación busca allanar el camino para acuerdos económicos poco transparentes, fuera del escrutinio público.

Un argumento de “seguridad nacional” con trasfondo político

La narrativa oficial que sostiene la nueva ley es la necesidad de fortalecer la seguridad nacional y prevenir delitos transfronterizos como el narcotráfico o el contrabando. Sin embargo, críticos dentro y fuera del país consideran que se trata de una excusa para afianzar el control territorial del régimen, especialmente en zonas donde históricamente ha habido resistencia o presencia de opositores.

“La dictadura necesita blindar sus fronteras, no solo contra amenazas externas, sino contra sus propios fantasmas internos: disidencias, fugas, movimientos sociales. Esta ley no es para proteger al país, es para proteger al poder”, concluyó un analista político exiliado.

Con esta nueva ley, el régimen Ortega-Murillo redefine el mapa legal de Nicaragua, convirtiendo zonas completas en instrumentos de control estatal y militar, en un contexto cada vez más autoritario y cerrado a la oposición y al escrutinio internacional.