Ortega y Murillo aceleran venta de propiedades confiscadas: ¿liquidación o preparación para huir?
La dictadura creó una estructura permanente para administrar y rematar bienes confiscados a opositores, medios, universidades y organizaciones civiles. Analistas advierten que las propiedades podrían terminar en manos de testaferros y operadores vinculados al régimen.
ESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
6/17/20263 min read
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece estar dando un nuevo paso en el proceso de convertir en dinero las propiedades confiscadas durante años de represión política y persecución contra opositores, periodistas, empresarios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el régimen aprobó la creación de una estructura permanente destinada a administrar, clasificar, valorar y rematar bienes que han pasado a manos del Estado tras las confiscaciones ejecutadas durante los últimos años.
Aunque oficialmente se presenta como una medida administrativa, la decisión ha despertado fuertes interrogantes entre analistas y víctimas de las confiscaciones.
La principal pregunta es inevitable: ¿por qué tanta urgencia por vender bienes que durante años fueron arrebatados a sus propietarios?
Sospechas sobre testaferros y operadores políticos
Expertos consideran que la aceleración de estos procesos podría tener como objetivo facilitar el traspaso de propiedades de alto valor a personas cercanas al régimen.
Según esta hipótesis, numerosos bienes podrían ser vendidos a precios reducidos para terminar en manos de prestanombres, operadores políticos o testaferros vinculados a la familia Ortega-Murillo.
El mecanismo permitiría convertir propiedades confiscadas por razones políticas en patrimonios privados controlados indirectamente por quienes hoy ejercen el poder.
Entre los bienes que podrían ser incluidos en estos procesos figuran inmuebles, vehículos, equipos tecnológicos, maquinaria, activos empresariales e incluso propiedades que pertenecían a medios de comunicación independientes, universidades cerradas por el régimen y organizaciones no gubernamentales ilegalizadas.
Para los críticos de la dictadura, se trataría de una forma de consolidar definitivamente el despojo ejecutado contra cientos de ciudadanos nicaragüenses.
La presión de Estados Unidos
La decisión también ocurre en un momento de creciente presión internacional contra el régimen sandinista.
Diversas denuncias señalan que parte de las propiedades confiscadas pertenecían a ciudadanos estadounidenses o mantenían vínculos con inversiones provenientes de Estados Unidos.
Esto podría convertir el tema en un nuevo punto de conflicto entre Washington y Managua.
La administración estadounidense ha endurecido durante los últimos meses su discurso contra la dictadura y ha ampliado sanciones contra funcionarios sandinistas, sus familiares y operadores políticos.
Para algunos observadores, el régimen estaría intentando reorganizar rápidamente estos activos ante el temor de futuras medidas internacionales relacionadas con las confiscaciones.
¿Legalizando el despojo?
Para víctimas y analistas, el verdadero objetivo sería otorgar una apariencia de legalidad a bienes obtenidos mediante confiscaciones ampliamente cuestionadas por organismos internacionales.
La estrategia consistiría en incorporar las propiedades a inventarios estatales, clasificarlas administrativamente y posteriormente rematarlas mediante procesos controlados desde las propias instituciones dominadas por el sandinismo.
De esta manera, los bienes confiscados dejarían de aparecer vinculados a sus propietarios originales y pasarían formalmente a manos de nuevos compradores.
En la práctica, sostienen los críticos, sería un mecanismo para borrar el rastro del despojo y dificultar eventuales procesos de restitución en el futuro.
El riesgo de las ventas a precios de remate
Otro elemento que genera preocupación es la utilización de categorías como “bienes en mal estado”, “remanentes de subasta” o “chatarra vehicular”.
Expertos advierten que estas clasificaciones podrían ser utilizadas para reducir artificialmente el valor real de numerosos activos.
Bajo estas figuras podrían terminar incluidos vehículos, equipos industriales, maquinaria especializada, equipos periodísticos y propiedades de considerable valor económico.
La consecuencia sería la realización de ventas rápidas y a precios muy inferiores a los del mercado, facilitando que determinados compradores obtengan importantes beneficios económicos.
¿Se prepara la dictadura para un nuevo escenario?
Las decisiones adoptadas por el régimen también alimentan otra interrogante que comienza a ganar fuerza entre analistas políticos.
¿Por qué convertir apresuradamente propiedades en dinero o transferirlas a terceros precisamente cuando aumenta la presión internacional, las sanciones económicas y el aislamiento político del régimen?
Para algunos observadores, la respuesta podría encontrarse en la necesidad de asegurar patrimonios, proteger activos y garantizar recursos financieros para el círculo más cercano al poder.
Mientras tanto, cientos de propietarios continúan reclamando bienes que consideran confiscados de manera arbitraria y sin garantías judiciales.
La nueva estructura creada por el Ministerio de Hacienda podría representar mucho más que un simple mecanismo administrativo: para muchos, es un intento de convertir en patrimonio permanente uno de los mayores procesos de confiscación política registrados en la historia reciente de Nicaragua.
