La posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR quedó fuera de la mesa al menos por ahora. Aunque la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incurre en violaciones sistemáticas a derechos laborales, represión política y demolición del Estado de derecho, Washington optó por una respuesta gradual en lugar de cortar de inmediato el vínculo comercial más importante para la economía nicaragüense.

De acuerdo con fuentes consultadas y documentos públicos del USTR, detrás de esa decisión pesó un factor clave: el intenso cabildeo de grandes grupos económicos con inversiones en la región y participación directa en cadenas de suministro centroamericanas. Estas corporaciones advirtieron que una exclusión abrupta de Nicaragua, pondría en riesgo operaciones, empleos y exportaciones estratégicas.

Un castigo económico progresivo

El dictamen estadounidense establece un sistema de aranceles crecientes que se aplicará únicamente a los productos nicaragüenses. que no califican como originarios del CAFTA-DR, es decir, exportaciones que el régimen ha utilizado con mayor discrecionalidad.

• 1 de enero de 2026: inicia un arancel progresivo

• 1 de enero de 2027: tarifa mínima del 10%

• 1 de enero de 2028: tarifa mínima del 15%

Estos impuestos se sumarán al Arancel Recíproco del 18%, lo que podría encarecer significativamente productos nicaragüenses fuera del amparo del tratado.

Washington justificó la decisión afirmando que busca un “equilibrio”: castigar al régimen sin afectar de forma directa a trabajadores nicaragüenses ni generar un impacto inmediato en empresas estadounidenses que dependen del CAFTA-DR.

Maradiaga: “No es benevolencia, es una advertencia seria”

El líder opositor Félix Maradiaga interpretó la decisión como una señal de presión política hacia Managua.

“No afectar por completo el CAFTA no es un gesto de benevolencia hacia Ortega y Murillo, sino una advertencia muy seria formulada de manera prudente. Es una combinación de presión firme con cierto grado de protección hacia la población, que es víctima de la dictadura y no responsable de sus decisiones”, afirmó Maradiaga.

También subrayó que el régimen logró incidir en el proceso mediante cabildeo de grandes intereses económicos, que presionaron para evitar la expulsión total del país del acuerdo comercial.

“Es evidente que en este proceso se escuchó el cabildeo de grandes intereses económicos que, una vez más, priorizan la estabilidad de sus negocios por encima de los derechos humanos y del sufrimiento del pueblo nicaragüense.”

El régimen celebra una victoria temporal

En Managua, la dictadura interpreta la resolución como un triunfo parcial y una muestra de que Estados Unidos no se atreverá a romper el CAFTA. Sin embargo, el costo político fue evidente: Ortega tuvo que enviar a casa por cárcel a prisioneros políticos, en un intento desesperado por mitigar el impacto de la investigación estadounidense.

La decisión del USTR deja claro que Nicaragua sigue bajo observación estricta. Los aranceles pueden endurecerse si el régimen continúa violando derechos humanos, reprimiendo a la oposición o bloqueando libertades económicas elementales.

Por ahora, el CAFTA-DR sigue intacto, pero el mensaje es inequívoco: la permanencia del país en el tratado pende de un hilo y está condicionada al comportamiento del régimen.