Una cesión total al capital chino

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza hacia la entrega total del país al capital chino.

La nueva iniciativa, denominada “Ley de Creación de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta”, concede privilegios sin precedentes a las empresas de la República Popular China, eximiéndolas de todos los impuestos, aranceles y controles fiscales durante al menos una década.

Con esta legislación, las compañías chinas podrán operar, importar, exportar y explotar recursos nacionales sin pagar un solo centavo en tributos.

Un territorio sin impuestos ni fiscalización

El texto de la ley establece que las empresas instaladas en estas Zonas Económicas Especiales (ZEE) estarán exoneradas del 100 % del Impuesto sobre la Renta, IVA, aranceles aduaneros, tributos municipales y gravámenes sobre la transmisión de bienes, por un período inicial de diez años, con posibilidad de prórroga indefinida.

En la práctica, esto crea un territorio fiscalmente vacío, donde el Estado renuncia a recaudar, auditar o supervisar las operaciones de las corporaciones chinas.

El único impuesto que se mantiene vigente es el que pagan los trabajadores, nacionales o extranjeros.

Es decir: las empresas chinas no pagan nada, pero los empleados sí.

Laureano Ortega: el zar de las inversiones

La administración de las zonas especiales quedará bajo el control de una comisión presidencial encabezada por Laureano Ortega Murillo, junto con funcionarios de confianza del régimen, entre ellos el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central.

De este modo, el hijo del matrimonio gobernante se convierte en el super administrador de toda inversión extranjera procedente de China, manejando concesiones, permisos, contratos y beneficios fiscales sin contrapesos institucionales.

Expertos consultados advierten que esta ley no solo entrega la soberanía económica del país, sino que consolida una estructura paralela de poder en manos de la familia Ortega Murillo.

China gana, Nicaragua pierde

El proyecto de ley no impone límites a la propiedad extranjera, ni establece obligaciones ambientales, reinversión de utilidades o sanciones en caso de incumplimiento.
En otras palabras, las empresas chinas podrán explotar los recursos naturales, repatriar las ganancias y operar sin rendir cuentas al Estado nicaragüense.

Además, se simplifican todos los trámites administrativos, laborales, migratorios y aduaneros, ofreciendo un “punto único” para gestiones empresariales y tarifas eléctricas preferenciales, junto con el derecho a arrendar terrenos públicos y utilizar infraestructura estatal.

El régimen justifica la medida alegando que busca “diversificar la producción, generar empleo y transferir tecnología”, pero el texto carece de mecanismos de verificación o garantías reales que respalden esas promesas.

Entrega total del país

Con esta ley, Ortega y Murillo entregan el control económico del país a China y aseguran que el único beneficiario directo sea su círculo familiar.

Mientras el régimen promete “cooperación y desarrollo”, los especialistas advierten que Nicaragua se perfila como un enclave económico al servicio de potencias extranjeras, donde la riqueza se concentra en manos del poder político y las corporaciones aliadas.

El mensaje del régimen es claro: en la nueva Nicaragua de las “Zonas Especiales”, el Estado no recauda, no fiscaliza y tampoco protege a su pueblo.