El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implementado una nueva y lucrativa estrategia para enriquecerse a expensas de ciudadanos nicaragüenses: la extorsión por el derecho a regresar al propio país. Una práctica abusiva que violenta aún más los derechos de migrantes nicaragüenses.

Cientos de nicaragüenses a quienes se les ha negado la entrada al país, señalados de golpistas por supuestamente comentar en redes sociales en contra de la dictadura , ahora son obligados a pagar sumas exorbitantes que oscilan entre 6,000 y 10,000 dólares para poder pisar nuevamente suelo nicaragüense, un modus delincuencial para general dinero extra.

Los desterrados de facto enfrentan el profundo impacto psicológico, expulsados de su patria, arrancados de sus familias y sus trabajos, sino que también revela una descarada deshonestidad por parte de la dictadura, que convierte el sufrimiento de sus ciudadanos en un negocio redondo.

Crecen las denuncias de cobros abusivos e ilegales

Esta práctica fue denunciada por víctimas que por razones obvias no se identificaron, pero fueron obligados a pagar cuotas de hasta 10 mil dólares. Los perfiles de los denunciantes demuestran que no son personas con propiedades y negocios.

Una fuente de gobernación filtró que solo en el departamento de León, hay 4 empresarios a quienes no se les permitió ingresar y que les están calculando la cuota a pagar, gestándose una red extorsiva que involucraría a secretarios políticos, migración y el ministerio del interior.

Según los testimonios, los perfiles de las víctimas de esta extorsión no son aleatorios. Se aprovecha la desesperación de aquellos que anhelan regresar a sus hogares, hombres o mujeres, que temen tras su expulsión ser confiscados.

La plataforma de noticias Divergentes se refirió a este "Negocio Redondo" con Tarifas de Ingreso. El modus operandi es claro y sistemático. Los operadores políticos, a quienes se les encarga esta tarea, solicitan un anticipo de 1,000 dólares para "estudiar el caso" de cada ciudadano que busca ingresar al país. Una vez que el "caso es aprobado", exigen pago de la cantidad restante.

El aparataje del poder del régimen y sus operarios arrodilla a los ciudadanos que se ven obligados a suplicar por el ingreso a su propio país. La mecánica devela la humillación, el descaro de un sistema que podría aumentar el monto de estos cobros ilegales y las gestiones de ingreso con el fin de duplicar sus ganancias.