La dictadura sandinista vislumbra la posibilidad de ser juzgada ante la justicia internacional y se prepara para ello. Daniel Ortega y Rosario Murillo están nerviosos, aunque guardan silencio ante las organizaciones internacionales que les señalan de violaciones de derechos humanos, no significa que se queden tranquilos, saben que hay riesgos y se preparan para enfrentarlos.

El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua GHREN, fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de 2025 y sería presentado nuevamente el próximo mes de septiembre, siendo uno de los primeros pasos para llevar a la dictadura a la corte internacional.

Este informe es muy importante porque, identifica a 54 altos funcionarios del gobierno, el ejército como responsables directos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, lo que quiere decir es que hay delitos identificados, modus operandi develados y nombres de funcionarios directamente señalados, lo necesario para presentar a la dictadura sandinista ante la corte, así como perseguir con mayor rigor órdenes de captura internacional

En ese contexto regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y Vladimir Putin en Rusia han suscrito un "Acuerdo sobre la Protección Recíproca de los Ciudadanos contra los Abusos en el Ámbito de la Justicia Internacional". Este pacto, firmado por el hijo de la pareja presidencial nicaragüense, Laureano Ortega Murillo, busca ofrecer un "blindaje" frente a posibles investigaciones y juicios por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Régimen busca impunidad

Ambas dictaduras, con un historial documentado de graves violaciones a los derechos humanos y acusación de crímenes internacionales, parecen estar tomando precauciones activas ante la posibilidad de que sus funcionarios, y potencialmente ellos mismos, sean llevados ante tribunales internacionales.

Aunque el texto completo del acuerdo no ha sido hecho público, su título deja clara la intención: "Acuerdo entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre la Protección Recíproca de los Ciudadanos contra los Abusos en el Ámbito de la Justicia Internacional". Para muchos, esto representa un intento descarado de garantizar la impunidad y evadir la rendición de cuentas ante organismos judiciales internacionales.

La representación de Nicaragua en este tipo de acuerdos con Rusia recae, como es costumbre, en Laureano Ortega Murillo. El hijo de los ancianos dictadores fue vestido con "plenos poderes" para esta firma a través del Acuerdo Presidencial No. 80-2025, publicado este jueves en La Gaceta, Diario Oficial.

Aunque el decreto no detalla los mecanismos de protección ni los alcances jurídicos del acuerdo, el contexto internacional en el que se gesta es ineludible. Rusia enfrenta múltiples señalamientos por crímenes de guerra en Ucrania, incluida una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional CPI contra el propio Vladimir Putin.

Por su parte, el régimen de Ortega y Murillo ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad por organismos como la ONU, tras años de represión sistemática y violaciones masivas de derechos humanos contra la población civil desde abril de 2018. Crímenes donde se señala a Ortega y Murillo sus hijos y el resto de sus cómplices.